El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó que durante el 2025 se ejecutaron 2,793 traslados de internos a nivel nacional, como parte de la política de fortalecimiento del sistema penitenciario y la lucha frontal contra la criminalidad, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Del total registrado, 707 traslados se realizaron por motivos de seguridad, tras detectarse intentos de alterar el orden interno y poner en riesgo la gobernabilidad de los establecimientos penitenciarios. Estas acciones se concentraron principalmente en las regiones INPE de Lima y Norte, que en conjunto sumaron 376 internos trasladados.
A estas les siguieron las regiones Centro (90), Altiplano (74) y Sur Oriente (64), en el marco de las acciones orientadas a neutralizar riesgos y reforzar el principio de autoridad en los penales.
De acuerdo con la nota de prensa, entre los establecimientos que recibieron mayor número de internos de alta peligrosidad figuran Cochamarca (108), Cajamarca (62), Ancón I (60), Cusco (44) y Puno (42).
Reordenamiento penitenciario
Asimismo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025, el INPE ejecutó 1,746 traslados por medidas de reordenamiento penitenciario, con el objetivo de garantizar una adecuada administración de la población penal. En este grupo destacan las regiones Altiplano (453) y Lima (449).
Por esta causalidad, los penales que más internos recibieron fueron Puno (376), Cusco (224) y Virgen de Fátima, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos (200).
A estas cifras se suman 118 traslados por tratamiento penitenciario, 103 por razones de salud, 52 por mandato judicial, 50 traslados excepcionales y 17 por unidad familiar, todos ejecutados en estricto cumplimiento de la normativa vigente y el respeto de los derechos fundamentales.
Control en los penales
Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, señaló que estas acciones “forman parte de una estrategia integral del Estado para recuperar el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios y contribuir de manera directa a la seguridad ciudadana”.
“El traslado oportuno y estratégico de internos nos permite neutralizar riesgos, prevenir actos delictivos desde las cárceles y garantizar el orden interno. No vamos a permitir que los penales se conviertan en centros de planificación criminal”, enfatizó el titular del sector.
Finalmente, el Minjusdh reafirmó que continuará fortaleciendo las capacidades del INPE y adoptando medidas firmes para asegurar penales seguros, ordenados y bajo control del Estado, en línea con la política de gobierno orientada a proteger a la ciudadanía y preservar la paz social.