Ministro de Justicia anuncia labor de inteligencia en penales y redistribución de internos

Como parte de la declaratoria de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios del paìs

Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte.

Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte.

16:20 | Lima, set. 5.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que, como parte de la declaratoria de emergencia en cinco establecimientos del país, se implementarán un conjunto de medidas orientadas a restablecer el orden dentro de estos penales que albergan reos de alta peligrosidad.

Manifestó que entre estas medidas se encuentran el desarrollo de labores de inteligencia dentro de estas prisiones, la distribución correcta de los internos según los delitos que han cometido, así como el otorgamiento de beneficios diferenciados en función del comportamiento de los reos.


"Lo fundamental no va a ser exclusivamente las intervenciones, como requisas, que tradicionalmente se han efectuado para dar imagen de eficiencia. Lo fundamental en este momento es la labor de inteligencia en el interior de los penales. Si no sabemos lo que realmente está pasando, dilucidar quiénes son buenos funcionarios y quiénes son malos, entonces no vamos a tener una labor efectiva", señaló en TVPerú. 

Explicó que con esas medidas se busca que estas cárceles dejen de ser "universidades del delito", razón por la cual la clave de la nueva política penitenciaria será trabajar con inteligencia, integrando la inteligencia del Inpe con la inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Distribución correcta de reos

En otro momento, el titular de Justicia sostuvo que también se implementará una correcta distribución de los internos de estos establecimientos penales declarados en emergencia.

"Vamos a tratar de establecer, primero, la distribución correcta de los internos. No es posible que dentro de un penal, por ejemplo como El Milagro (de Trujillo), presos de alta peligrosidad, que han cometido delitos con ferocidad en banda criminal, convivan con personas que no han cometido hechos de sangre", afirmó.

Señaló, asimismo, que otra medida será el otorgamiento de beneficios penitenciarios diferenciados en función de los delitos cometidos; así como al comportamiento de los internos y, si es parte de una organización criminal, a las acciones que puedan seguir cometiendo otros integrantes de estas bandas.

"En realidad todos conviven en el interior de un penal. Eso tenemos que ir rompiendo y trasladando internos de peligrosidad real a aquellos penales que sí tienen las condiciones adecuadas, funcionarios con vocación y con Fuerzas Armadas para que realmente podamos asegurar orden, (porque) sin orden no hay rehabilitación posible", expresó.

Precisó que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los beneficios penitenciarios son beneficios y no derechos de los internos, por lo que el otorgamiento de estos pueden ser diferenciados.

"Tanto los penales y los propios internos van a tener regímenes diferenciados, no solamente de acuerdo al delito o a la peligrosidad que puedan tener, sino también a la conducta interna y al sometimiento al orden. Si alguien es miembro de una banda criminal y esta comete delitos, los internos que pertenecen a esa banda perderán los beneficios hasta nuevo aviso, si es necesario dos, tres meses", indicó.

Dijo que el objetivo es establecer disciplina, ya que sin orden y sin que el Estado pueda implantar su poder coercitivo dentro de los centros penales, "no podemos esperar seguridad ciudadana ni una lucha efectiva contra el crimen".

"Por tanto, lo esencial es saber que este Gobierno tiene la convicción real de convertir los penales en verdaderos centros de rehabilitación en beneficio no solamente de la sociedad, sino de los propios internos", dijo.

Estas declaraciones del titular de Justicia fueron brindados a propósito de lo dispuesto por el Ejecutivo que declaró el estado de emergencia en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad). En estos recintos, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo 128-2026-PCM, tiene una vigencia de 60 días calendario y comprende el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de 200 metros. En esta zona se suspenden constitucionalmente los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.


(FIN) HTC
GRM

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Publicado: 5/9/2026