Ministro Álvarez: "Hay que restringir severamente visitas a presos violentos" [entrevista]

– Desde hace uno o dos quinquenios, Perú no es gobernado de manera estable ni de acuerdo con una estrategia o un plan determinado. Se han ido sumando defectos, problemas, vicios, y eso ha arrojado que tengamos problemas en todos los sectores.

– Se trata prácticamente de reformar en gran medida el Estado; la capacidad que tiene el Estado de brindar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos. No es parecido a las facultades de gobiernos anteriores, sino de cómo superar graves problemas en el más breve tiempo, sin el trámite parlamentario regular; aprobar reformas lo antes posible, en tres o cuatro meses, en materias como seguridad. La seguridad ciudadana es transversal, no es un solo sector. Comienza desde la formación y solidez de la persona dentro de la familia y culmina con la posibilidad cierta o incierta de resocialización de los internos. En todo ese trayecto se está fallando.

– No se trata ya de elevar las penas de manera indiscriminada; se trata de asegurar que el delincuente sea apresado por la Policía, que los efectivos puedan defenderse en caso de que el delincuente les dispare, que tengan los instrumentos adecuados, inteligencia policial y el refuerzo de la inteligencia de las Fuerzas Armadas para capturar a las bandas criminales. ¿Por qué? Porque el principal incentivo del delito es la posibilidad de no ser apresado.

– Desde el inicio. La detención del sospechoso debe ser una posibilidad cierta para un Estado moderno. Eso significa que la Policía tiene que liderar, como regla general, la detención, la investigación preliminar. El Ministerio Público debe supervisar que se cumplan las reglas establecidas, el protocolo, y desarrollar cabalmente la investigación preparatoria. Todo esto con el incentivo de que los procedimientos de carácter penal, el famoso Código Procesal Penal que fue vendido a Perú como la octava maravilla del mundo, sea reformado. Y eso involucra también la reforma del Inpe. No significa que vamos a sacar a todos o a los directores; pasa por los incentivos. ¿Qué incentivo tiene un agente penitenciario o un director de penal para actuar bien? Es toda una cadena en la que vamos a incidir con decretos legislativos para modificar la situación actual.

– La construcción de penales tipo hangar, siguiendo el modelo de El Salvador; pero no para los reos violentos, sino para aquellos primarios que no representan un peligro social. Esas personas deben ir a un penal de mínima seguridad para poder trabajar durante el día en un programa de cárceles productivas, reducir sus penas y tener una salida laboral para después. Los grandes penales, los construidos para seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre. Esas personas violentas que sí representan un peligro para la sociedad no deben tener ningún tipo de beneficio penitenciario; deben tener regímenes sumamente estrictos, en los cuales se restrinjan severamente las visitas. No puede ser que un sicario tenga derecho a una visita conyugal todas las semanas o que amigos suyos sigan visitándolo cada semana llevando y trayendo instrucciones de las bandas criminales. 

– Challapalca tiene que existir porque es una necesidad hoy. En el futuro es posible que construyamos otros penales, incluso con ayuda y tecnología del extranjero; pero sería un acto de populismo decir que va a ser abandonado, al contrario, necesitamos más Challapalcas. Hay que estudiar de qué manera está afectando a Tacna y cortar vínculos para que sea un penal de alta seguridad.

– La Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) tuvo acta de creación; pero el siguiente gobierno de emergencia le puso plazo para su formalización, y se venció. Lo que debemos hacer, en lugar de desarrollar a la Sunir, es eliminarla y trabajar con lo que tenemos. Reformar el Inpe no con un criterio de venganza o castigo, sino visualizar que todas las personas somos capaces de hacer bien o mal dependiendo de los incentivos o las condiciones. Si a las personas a cargo de los penales les creamos una red de incentivos, ¿por qué no van a actuar bien? Si los relacionamos con bonos de productividad con el número de resocializados salidos de su penal, ¿por qué no darles un bono de efectividad?

– Como se hace en el sector privado.

(FIN) DOP/JCC

GRM

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