El Ministerio del Interior (Mininter) impulsó ley que dispone ejecutar la destrucción de drogas decomisadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante incineración, neutralización, transformación no recuperable u otro método seguro realizado en acto público.
En la norma publicada recientemente en el Diario Oficial El Peruano se señala que el referido acto público de destrucción de drogas se realizará en presencia de representantes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía de la Nación.
La directora General contra el Crimen Organizado, Sonia Medina, explicó que la norma permitirá ahorrar más del 80% del presupuesto anual destinado a esta actividad, y reducirá considerablemente el tiempo empleado dado que se podrá destruir las drogas cocaínicas a través del sistema llamado encapsulamiento, que ha demostrado estándares de efectividad en países de la región.
En esa línea, Medina sostuvo que es un importante logro para el Perú, considerando los niveles de producción de drogas cocaínicas, convertirse en el tercer país de Latinoamérica en emplear este método que consiste en pulverizar la cocaína y mezclarlo con sustancias como vidrio, arena, cemento, ripio y otros materiales que hacen irreversible el proceso convirtiéndose en bloques de concreto que serán colocados en un vertedero bajo hormigón.
La funcionaria destacó que a través de este procedimiento se podrá destruir alrededor de 60 toneladas de drogas cocaínicas en un máximo de 40 horas lo que en la actualidad demora 80 días, distribuidos en cuatro procesos al año, usando el horno incinerador que solo se mantendrá para sustancias de fácil quema como la marihuana, amapola y el látex de opio.
Otro beneficio de este moderno procedimiento es la reducción significativa del impacto ambiental que genera la emisión de gases producidos por la incineración de drogas cocaínicas que contienen potentes químicos empleados para su elaboración, protegiendo a su vez la salud pública.
En cuanto al recurso humano, la norma elimina la Comisión de Destrucción de Drogas, integrada por representantes de siete entidades como la Empresa Nacional de la Coca, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional del Perú, el Notario Público, entre otros, quienes permanecían los días que duraba el proceso de destrucción (alrededor de 80 días al año) en la sede de la Dinoes-PNP, paralizando sus labores en sus respectivas entidades. Ahora podrán optimizar su trabajo en beneficio del país.
Esta propuesta fue impulsada por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter en el marco del otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la embajada de Estados Unidos.