El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, señaló que el Gobierno ha fortalecido la protección legal de los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a la violencia criminal, mediante la publicación del Decreto Legislativo N.° 1743, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal.
“La percepción siempre es que al criminal se le ha dado todo a favor. Él sí puede disparar, él sí puede acribillar, pero ¿por qué el ciudadano no puede defenderse de este criminal? ¿Por qué el ciudadano puede ser sometido, incluso, a prisión por abatir a un criminal que lo ha querido matar?”, cuestionó.
En ese sentido, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) sostuvo que esta medida pretende que el ciudadano pueda proteger su vida y la de su familia sin que se desconozcan las circunstancias reales en las que tuvo que abatir o herir a un delincuente en defensa propia.
“Teníamos que darle una ley a la población que se está defendiendo, que ha adquirido una arma totalmente en forma legal, y se pueda defender, y defender a su familia de un criminal que lo quiere, no solamente asaltar, sino que lo va a matar con facilidad”, sentenció el ministro Astudillo.
El
Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal y fortalece la aplicación de la exención de responsabilidad penal para quienes actúan en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, incluso mediante el uso de la fuerza letal, siempre que concurran los presupuestos establecidos por ley: una agresión actual, ilegítima y real; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y la falta de provocación suficiente de quien ejerce la defensa.
Entre sus principales modificaciones, la norma establece la presunción de que quien ejerce la legítima defensa ha actuado de manera racional frente a la agresión. Corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. Además, toda resolución judicial que descarte esta presunción deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.
Asimismo, elimina el criterio de proporcionalidad de medios para evaluar la necesidad racional de la defensa. En su lugar, dispone que se consideren, entre otros factores, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del atacante, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos que se busca proteger.
La norma también precisa que la racionalidad del medio empleado debe evaluarse desde la perspectiva de quien ejerce la defensa y considerando las circunstancias existentes en el momento de la agresión.
Con estas modificaciones, el Gobierno fortalece las garantías legales de los ciudadanos que enfrentan una agresión y ejercen su derecho a defenderse, respetando las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico.
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(FIN) NDP/KGR
Publicado: 10/11/2026