El 81.2% de los jueces y juezas concede una pensión de alimentos menor a 500 soles, monto que únicamente cubre la alimentación de un niño, niña o adolescente, según el promedio mensual de la Canasta Básica Familiar del INEI, advirtió hoy un informe de la Defensoría del Pueblo.
Al término de una supervisión a 3,512 expedientes archivados entre los años 2014-2016, la Defensoría concluyó que el 95.3% son demandas presentadas por mujeres y el 89% de sus pretensiones son en favor de sus hijos e hijas.
Además, el 50.6% de las demandantes se dedica a las labores del hogar; mientras que el 16.8% se encuentra en situación de desempleo y solo un 16.3% realiza actividad laboral remunerada.
Sin embargo, en el 43.3% de los casos, la ejecución demoró entre 1 y 10 meses, mientras que en el 33% de los casos tardó más de 11 meses.
Solo el 10.4% de las sentencias fueron apeladas y en relación a los casos concluidos sin sentencia se precisa que el 45% fue por abandono del proceso, el 15% por conciliación y el 40% por improcedencia, desistimiento e inadmisibilidad de la demanda.
Un aspecto preocupante radica en el empleo de un intérprete de lenguas nativas u originarias, ya que el 29.4% de los jueces no puede comunicarse directamente con las partes en distritos judiciales donde predominan este tipo de lenguas y en el 65% de los casos no se tuvo acceso a un intérprete, a pesar de haber sido requerido por las partes.
En ese contexto, la
Defensoría del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones a las autoridades vinculadas con el sector justicia para que en ejercicio de sus atribuciones, contribuyan a configurar un proceso de alimentos más rápido y sobre todo eficaz para el beneficio de un grupo de especial vulnerabilidad en la población peruana, que involucra a mujeres, niños, niñas y adolescentes.
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(FIN) NDP/RRC