El Ministerio Público abrió investigación por el presunto delito de usurpación agravada en agravio del Estado Peruano, tras la ocupación de dos terrenos ubicados en las márgenes, izquierda y derecha, de la carretera Hiram Bingham, que conecta la ciudad de Machu Picchu Pueblo con la Ciudadela Inca de Machu Picchu.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Manuel Mayorga Zárate, confirmó que la Fiscalía Mixta Provincial de Machu Picchu, abrió una carpeta fiscal, ante dos invasiones en zonas protegidas, la primera en la margen izquierda de ma carretera y la última desde el pasado 13 de este mes, por unas 200 personas que continúan en el espacio con arpilleras, en la margen derecha.
"En este momento se encuentra en proceso de identificación a estás personas", señaló el magistrado, al sostener que siete ya estarían plenamente identificados y el resto aún falta, tras la intervención de la Policía Nacional y la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.
La fiscal de Machu Picchu, María Teresa Huaco Cayerinao, es quien lleva la investigación y recientemente participó de una reunión con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, donde se conformaron las acciones legales y administrativas para proceder a la desocupación de los terrenos.
"Están dentro de la zona protegida de Machu Picchu, está es una zona de amortiguamiento adyacente a Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes. Las personas se mantienen en el lugar, no son ajenas al distrito de Machu Picchu, son personas que ya se encuentran residiendo en el distrito y que alegaron la necesidad de tener un espacio".
Mayorga Zárate reiteró que la Municipalidad de Machu Picchu no autorizó la ocupación a personas que formarían parte de una empresa de transporte; sin embargo, es la instancia edil la que debe agotar un procedimiento administrativo, previo a los procesos judiciales para ser recuperados "tiene las atribuciones que le confiere la ley para recuperar mas pronto los terrenos, con apoyo de la fuerza pública y la intervención del Ministerio Público", resaltó.
Por último, indicó que toman las medidas necesarias para evitar posibles acciones violentas que puedan afectar al turismo y que la usurpación agravada es sancionada con hasta ocho años de pena privativa de la libertad".
Desde la Policía Nacional
Por su parte, el general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, jefe de la Región Policial de Cusco, informó que están en coordinaciones con las autoridades y el requerimiento de lanzamiento (retiro) de las personas que ocupan los espacios "nosotros estamos vigilando (la zona invadida) para que no pasen mayores situaciones. Estamos esperando el requerimiento, reunir fuerzas y sacarlos", expresó.