El Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato suscribieron hoy un acuerdo preparatorio de colaboración eficaz con la empresa Aenza.
A través del convenio, firmado en la sede del Ministerio Público, Aenza reconoce que la antigua empresa Graña y Montero junto a sus dos subsidiarias GyM y Concar, así como seis de sus exejecutivos, cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura.
Entre ellos figuran el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3.
En el acuerdo se reconoce que dichas compañías participaron en los procesos de selección o concursos públicos de 48 obras para dar la apariencia de competencia en el esquema del denominado “Club de la Construcción”.
Por todo ello, la empresa tendrá la obligación de colaborar con la justicia aportando información y pruebas de relevancia penal para todas las investigaciones relacionadas a las obras que forman parte del convenio, incluyendo el caso “Club de la Construcción”.
Asimismo, Aenza se compromete a pagar al Estado peruano aproximadamente 480 millones de soles de reparación civil por los daños ocasionados en los referidos 16 proyectos y por la simulación de competencia en los concursos públicos de las otras 48 obras.
El monto fue calculado por la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato bajo las fórmulas y parámetros de la Ley 30737 y su reglamento. La cifra incluye intereses legales y será pagada en 12 años. La cuota inicial será de 14 millones aproximadamente.
Fideicomiso, renuncia a arbitrajes y pago de deudas
El convenio establece la creación de un fideicomiso para garantizar el pago de las 12 cuotas de la reparación civil, el cual será administrado por Cofide o por el Banco de la Nación.
El acuerdo incluye una cláusula donde la empresa se compromete a no iniciar procesos arbitrales, judiciales o administrativos contra el Estado, en sede nacional o internacional, por los proyectos que forman parte del convenio.
Asimismo, como consecuencia de las negociaciones para arribar a este acuerdo, la compañía se ha desistido de dos arbitrajes entablados contra el Gobierno Regional de Cusco y ha renunciado a cobrar cualquier concepto en el marco de la terminación del contrato de concesión de la Vía Expresa Sur, suscrito con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Estas acciones se suman a su desistimiento de la solicitud de arbitraje que la empresa presentó ante el Ciadi por el Gasoducto Sur Peruano, por un monto equivalente a 700 millones de soles o 250 millones de dólares.
Este convenio establece además que Aenza deberá implementar un programa de cumplimiento para prevenir delitos de corrupción e instaurar una cultura de apego a la ley. También deberá informar anualmente a la Fiscalía sobre la aplicación de este programa y que los colaboradores que cometieron delitos ya no laboran en la compañía.
El acuerdo final se firmará dentro de los próximos 60 días y será presentado al Poder Judicial para su aprobación. Antes de ello, Aenza deberá acreditar que no tiene ninguna deuda exigible en materia laboral y tributaria.