21:30 | Chiclayo, may. 3.
La Fiscalía Superior con Competencia en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró que se confirme la sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva dictada contra Ever Altamirano Romero, exalcalde distrital de Pomalca, como autor del delito de colusión en agravio de la comuna por 15 millones 641,440.19 soles.
La misma pena fue impuesta en calidad de autor a Antonio Heli Quijano Montalvo, ex gerente general; así como a los integrantes del Comité Especial José Luis Inicio Cuzma y Luis Franco López Orozco.
También se ratificó la condena de tres años de cárcel y 180 días multa para José Fernán Paico Bernilla, ex secretario general, en calidad de cómplice. Además, se les impuso una reparación civil solidaria de 300,000 soles.
La acusada Silvia Elizabeth Díaz Moncada, exintegrante del Comité Especial, fue sentenciada a 2 años 6 meses y 25 días de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución e inhabilitación por el mismo periodo de la condena, tras someterse a la figura procesal de conclusión anticipada de juicio. Deberá cancelar una reparación civil de 20,000 soles.
Durante la audiencia de apelación de sentencia, el fiscal adjunto superior José Iván Constantino Espino solicitó que se confirme la sentencia por estar acreditada la responsabilidad de los acusados como funcionarios con competencia en las obras.
Ello porque infringiendo sus funciones y deberes especiales concertaron con Felipe Jorge La Peña Rojas (fallecido), representante legal del consorcio Motupe, para defraudar a la municipalidad distrital de Pomalca en el proceso de contratación pública "Mejoramiento integral de las calles 7, 9, 10, 11, 12 y 13 de Pomalca”.
También se precisó que el comité especial integró las bases administrativas sin absolver las observaciones formuladas por las empresas constructoras Los Sauces SAC y Cobert Contratistas Generales SAC.
Además, no permitieron la presentación de solicitudes de observaciones al OSCE de las empresas G&F Contratistas SAC y Cobert Contratistas Generales SAC, pese a estar dentro del plazo establecido en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para cuyo efecto dispusieron cerrar la oficina de mesa de partes el 15 y 16 de diciembre del 2014 y rotar al personal responsable.
Asimismo, el 22 de diciembre del 2014, fecha en que se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y buena pro, impidieron que el representante de la empresa Bouby SAC, presente sus propuestas, pese a llegar a la hora establecida.
El delito fue acreditado con el examen de los peritos de la Contraloría General de la República, Esteban Benítez de la Cruz y Juan Becerra Romero, quienes explicaron el contenido y conclusiones de la Carpeta de Control 033 2016.
Los argumentos se basaron en los exámenes testimoniales de Patricia Alarcón Alvizuri, exdirectora de Supervisión del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estad (OSCE), quien explicó que mediante Oficio D-1651-2014, comunicó al acusado Altamirano Romero, la existencia de vicios que acarreaban la nulidad del proceso de contratación en el proceso, el cual debía retrotraerse hasta la etapa de formulación de observaciones.
De igual manera, se tuvo en cuenta el examen testimonial del juez de paz de primera nominación de Pomalca, quien explicó que los días 15 y 16 de diciembre del 2014, la oficina de mesa de partes se encontraba cerrada y se negaron a recibir documentación de las empresas postoras, de lo cual dejó constancia en actas.
En primera instancia la sentencia fue obtenida por el fiscal Javier Idrogo Rodríguez, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.
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(FIN) SDC/TMC/JOT
GRM
Publicado: 3/5/2022