La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) presentó en Trujillo 81 armas de fuego y 670 municiones incautadas de manera administrativa preventiva, como resultado de operativos de fiscalización ejecutados a empresas de seguridad privada, en el marco de su labor permanente de control a nivel nacional.
Durante el acto, realizado en la Jefatura Zonal de La Libertad, el gerente general de la Sucamec, Jorge Linares Ripalda, señaló que estas acciones están orientadas a fortalecer la supervisión de las empresas que prestan servicios de seguridad privada y verificar el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1213 y su Reglamento.
Precisó que se inspeccionó 15 empresas de seguridad privada, detectándose en tres de ellas incumplimientos a las condiciones de seguridad para el almacenamiento de las armas.
Por su parte, el director de Control y Fiscalización de la Sucamec, Jaime Urtecho Maldonado, explicó que estas intervenciones responden a una labor preventiva de la entidad para coadyuvar a la seguridad ciudadana y detalló que las inspecciones se realizaron de manera inopinada, lo que permitió evaluar las condiciones reales en las que se almacenaba y administraba el armamento que fue incautado, dando como resultado la incautación de 30 escopetas, 29 revólveres, 19 pistolas, 3 carabinas y 670 municiones.
“Estas acciones buscan verificar que las empresas cumplan con las condiciones de seguridad establecidas en la normativa. No se trata de sancionar, sino de prevenir riesgos y adoptar medidas administrativas cuando se detectan incumplimientos que pueden comprometer la seguridad”, precisó.
Las infracciones detectadas estarían vinculadas a deficiencias en las armerías, fallas en los sistemas de alarma, entre otros. Asimismo, informó que, como parte del plan operativo, se inspeccionó 3 locales de venta de armas en la ciudad, donde se corroboró el cumplimiento del reglamento de la Ley de Armas.
Finalmente, la Sucamec enfatizó que continuará ejecutando estas acciones en otras regiones del país, para que el armamento de las empresas del rubro no represente un riesgo que atente contra el bienestar de la ciudadanía.
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