El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, deberá afrontar 24 meses de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tras la decisión adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes.
La medida fue dictada por el magistrado Derby Quezada Blanco, quien declaró fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público. El fiscal Manuel Apolo Casariego había solicitado 36 meses de prisión preventiva para todos los investigados; sin embargo, el juzgado redujo el plazo a 24 meses y solo lo aplicó contra la máxima autoridad regional.
En tanto, los investigados Zoila Rosa Cuellar Garay, Luis Antonio Peña Alburquerque y Carmen Inés Guerrero Jaime afrontarán el proceso en libertad, aunque deberán cumplir estrictas reglas de conducta y el pago de cauciones económicas mientras continúan las diligencias fiscales.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía,
Cruces Ordinola sería el presunto cabecilla de una red delictiva enquistada en el Gobierno Regional de Tumbes, desde donde se habrían cobrado coimas a cambio de la adjudicación de obras y servicios públicos, fondos que posteriormente habrían sido destinados a un presunto enriquecimiento ilícito.
Tras la lectura del adelanto del fallo, se conoció que la defensa técnica del gobernador apelará la decisión en los próximos días. Mientras tanto, la autoridad regional será trasladada bajo estrictas medidas de seguridad al establecimiento penitenciario de Puerto Pizarro, donde permanecerá internado mientras duren las investigaciones preparatorias.