La Junta Nacional de Justicia (JNJ) buscará revertir la provisionalidad en el sistema de justicia, pues existe un amplio consenso de que esta condición es un factor de vulnerabilidad, respecto a la independencia en la actuación de jueces y fiscales, sostuvo el presidente de este colegiado, Aldo Vásquez Ríos.
“En el Perú contamos con cerca de 3,300 jueces y aproximadamente 1,000 de ellos son supernumerarios. Además, existen unos 6,500 fiscales, de los cuales más de 2,600 son provisionales. Los jueces supernumerarios suman casi el 30% del total y los fiscales provisionales cerca del 40%. Debemos cubrir, en los próximos años todas esas plazas”, afirmó.
En este contexto, sostuvo que se necesita un cuadro nacional de jueces y fiscales sobre la base de indicadores objetivos que den cuenta puntual de la demanda real de estos magistrados en cada jurisdicción con el fin de optimizar su despliegue en el territorio nacional, garantizándose así el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de los peruanos.
Consenso
“La JNJ tiene pues un enorme desafío durante el quinquenio de su mandato constitucional: revertir la provisionalidad en el sistema de justicia. Hay un amplio consenso en el sentido de que esta provisionalidad es un factor de vulnerabilidad, respecto a la independencia en la actuación de jueces y fiscales”, indicó.
Hace cerca de dos décadas, refirió, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) demandaba como meta que el 100% de jueces y fiscales fueran titulares.
“Debemos empezar a dar los pasos necesarios para alcanzar ese propósito. Necesitamos del acompañamiento de la sociedad, en general, y de la comunidad jurídica, en particular, para garantizar que de los procesos de selección resulten vencedores los más idóneos”, agregó Vásquez.
Integridad
En
diálogo con el Diario Oficial El Peruano, manifestó que el control disciplinario es un instrumento para potenciar la integridad y la transparencia en el sistema de justicia nacional. “Necesitamos instalar prontamente a las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público para fortalecer esos mecanismos”.
“Pero, en definitiva, el gran desafío es garantizar que sean siempre los mejores juristas y las mejores personas, quienes ocupen las posiciones de jueces y fiscales en todos sus niveles. Estas son responsabilidades prominentes en toda sociedad y deben estar reservadas a sus mejores y más íntegros profesionales del Derecho”, refirió.
El presidente de la JNJ informó, además, que se siguen abriendo nuevos procesos, de oficio o por pedido de parte. “Todos marchan de acuerdo con los procedimientos establecidos. En algunos casos ya se han impuesto sanciones definitivas y en algunos se adoptaron medidas provisionales”.
“La mayor parte está en fase de instrucción, cumpliéndose las diligencias necesarias para establecer si hay o no responsabilidad disciplinaria de los investigados”.
Los ciudadanos, explicó, presentan denuncias que son calificadas en la JNJ. Cuando se trata de magistrados que no son supremos se remiten, según el caso, a la Oficina de Control de la Magistratura (OcMA) o a la Fiscalía Suprema de Control Interno para su trámite, añadió.
“Si son jueces o fiscales supremos, un miembro de la Junta informa al pleno, que determina la apertura del procedimiento o su archivo, cuando la denuncia carece de mérito para su trámite. Estamos procesando en estos meses cerca de 200 denuncias”, puntualizó Vásquez.
(FIN) DOP/VVS
JRA
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Publicado: 28/9/2020