por Percy Buendía QuijandríaEl titular del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Rafael Castillo Alfaro, sostuvo que la población penal en el país bajó en 8.1 puntos porcentuales como parte de las medidas dispuestas en las cárceles para reducir el hacinamiento y enfrentar a la pandemia del coronavirus (covid-19).
¿Cómo marcha el proceso de despenalización de los internos para evitar el contagio del covid-19?
–Para enfrentar al covid-19 era necesario reducir el hacinamiento en los penales. Por tal motivo, el Gobierno central emitió una serie de normas. Una de las más importantes fue el D. Leg. N° 1459, referido a la conversión automática de la pena para los condenados por el delito de omisión de asistencia familiar, tan solo con el cumplimiento del pago de la deuda total alimentaria. A la fecha, 1,191 internos recuperaron su libertad al amparo de esta norma. Por su parte, mediante el D. Leg. N° 1513, se excarceló a 1,124 internos. Ambas medidas permitieron liberar a 2,315 internos.
¿Cuántos internos ya salieron de las cárceles bajo las normas vigentes?
–Al 15 de marzo, la población penitenciaria era de 97,345 internos (141% de hacinamiento). Como resultado de las medidas de deshacinamiento adoptadas, al 27 de agosto, el sistema penitenciario registró 89,458 internos (122% de hacinamiento). En consecuencia, tomando en consideración el total de egresos por diferentes motivos durante la pandemia, la población penitenciaria se redujo en 8.1%.
¿Qué regiones penitenciarias se han beneficiado más con las disposiciones?
–La región penitenciaria de Lima, debido a que concentra la mayor cantidad de penales y población penitenciaria; registra también el mayor número de excarcelados, pues 931 internos obtuvieron su libertad solo por la aplicación de los decretos legislativos 1459 y 1513.
¿Cuáles son los principales resultados obtenidos para detener el avance del covid-19 en los penales?
–Al respecto, diseñamos una estrategia sanitaria en los penales que identifica a los internos que presentan sintomatología asociada al covid-19, que reciben un tratamiento temprano y se les separa de inmediato del resto de la población penal a las áreas de aislamiento.
Estos espacios, que antes se usaban como talleres de trabajo o estudio, se hallan debidamente acondicionados y cuentan con supervisión médica permanente, dotación de medicinas, balones de oxígeno y concentradores. Si el tratamiento es exitoso, el interno vuelve a su pabellón; en caso contrario, si su salud se complica, es derivado a un hospital público para una atención especializada. Como resultado de esta estrategia sanitaria, solo 30 internos a escala nacional se encuentran hospitalizados.
¿Qué otros logros se obtuvieron con estas medidas?
–El principal resultado del esfuerzo desplegado ha sido vencer el miedo y la incertidumbre entre los trabajadores y los internos que imperó durante los primeros meses de la pandemia. Hoy, en las cárceles, junto con las acciones sanitarias que no se pueden detener, se reanudan progresivamente las actividades de trabajo como la que se ejecuta actualmente en los penales Anexo de Mujeres de Chorrillos, del Callao y de Lurigancho, donde los internos confeccionan prendas de vestir en talleres de costura acondicionados en el establecimiento penitenciario, como parte de su tratamiento y resocialización. Gracias al apoyo de la empresa privada, las prendas están a disposición del público.
¿Cómo marcha la atención al personal del Inpe frente al covid-19?
–Desde el inicio de la pandemia efectuamos acciones de prevención y control en favor de los trabajadores penitenciarios, pues su labor es sumamente compleja y de riesgo, más aún la de aquellos que trabajan dentro de penales, debido al hacinamiento y al débil sistema de atención sanitaria que existía.
Para fortalecer la prevención, desde el primer día se crearon anillos de seguridad sanitaria para el ingreso de los servidores a los penales (control de temperatura personal, lavado de manos, desinfección de ropa y calzado, etcétera), y se les dotó de equipos de protección y de aseo personal; asimismo, se fumigan y se ejecutan acciones de limpieza en las cárceles de manera permanente.
En el último mes, estas acciones se reforzaron. Por ejemplo, además de lo ya entregado, se distribuyeron 7,366 kits de protección contra el covid-19 para los servidores en los penales.
De igual modo, se les vacuna contra la influenza y el neumococo, en coordinación con el Ministerio de Salud.
¿En el tema de la toma de pruebas…?
–A la fecha se efectuaron más de 6,000 pruebas rápidas a los servidores del Inpe. Asimismo, la unidad de recursos humanos de la sede central monitorea diariamente a los 321 servidores que permanecen en cuarentena domiciliaria y a los nueve que están internados en un centro médico. Con la Pontificia Universidad Católica del Perú, psicólogos del Inpe brindan un servicio de atención telefónica personalizada para ellos y sus familias.
Por último, se han implementado las modalidades de trabajo remoto y trabajo mixto para evitar el contagio, especialmente de los más vulnerables.
Sistema de medio libre
El Inpe puso en marcha el sistema de evaluación de sentenciados de medio libre, ¿cuáles serán los beneficios que traerá consigo?
–Todo el esfuerzo que efectúa la actual gestión se orienta a que los jueces consideren al medio libre como una alternativa efectiva a la pena privativa de la libertad con el fin de contribuir con el deshacinamiento penitenciario. En el caso concreto de este sistema, su principal objetivo es garantizar el cumplimiento de la jornada laboral que tiene que cumplir el sentenciado.
El Inpe diseñó y puso en marcha el primer sistema web de medio libre, que nos permite registrar y analizar los datos de los sentenciados a servicios comunitarios, incluyendo sus domicilios georreferenciados. Este sistema está interconectado con el sistema de registro penitenciario. De este modo, en caso el sentenciado haya egresado de un penal con un beneficio, el evaluador accederá en tiempo real a toda la información previa del interno.
¿Permitirá que las jornadas laborales sean efectivas, que se cumplan al 100%?
–Es uno de los objetivos. El sistema reducirá sostenidamente el índice de incumplimiento de este tipo de sentencias, debido a que permite advertir a tiempo los factores que afectarían su cumplimiento e intervenir en ellos oportunamente.
El sistema, al ser vía web, permite a los profesionales evaluadores y a los sentenciados trabajar a distancia, hecho que facilita su interacción, lo que es muy importante en este contexto de emergencia sanitaria y distanciamiento social.
¿Cuántos son los sentenciados a escala nacional que figuran en este sistema?
–Los beneficiarios con este sistema son en total 26,109, sentenciados a prestación de servicios comunitarios.
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Publicado: 3/9/2020