En ese sentido, Álvarez Miranda destacó la decisión de unificar las direcciones de inteligencia de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, del INPE, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a fin de seguir también la ruta del dinero que manejan las bandas organizadas.
El titular de la PCM subrayó que en la lucha contra la criminalidad se requerirá de la colaboración de todos, autoridades y sociedad civil, razón por la cual se ha incorporado a las juntas vecinales y alcaldes en este esfuerzo, según el decreto supremo que declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.
"La lucha es dura, va a ser singularmente dura, prolongada, pero donde la sociedad tiene que ganar", afirmó.
De otro lado, señaló que el gobierno estudia qué medidas inmediatas se pueden tomar frente a la minería ilegal que afecta la calidad de vida de los peruanos.
"Este tema tiene que ser enfocado con una reforma profunda de la estructura legal de la minería en el país", indicó.
Pedido de facultades
Respecto al pedido de facultades legislativas que solicitarán al Congreso, Álvarez señaló que será por un plazo de 90 días y tratará prioritariamente sobre temas para luchar contra la inseguridad.
“En principio el gobierno va a solicitar por 90 días, eso se conversó con el Consejo de Ministros, si el Congreso no acepta los 90 días y recorta ese plazo, es su potestad constitucional”, refirió el RPP.
Dijo que, así como el estado de emergencia sirvió para facilitar las operaciones policiales y las investigaciones de inteligencia, una ley autoritativa para emitir decretos legislativos constituye el marco legal adecuado para luchar contra la criminalidad.
“Por ejemplo, permitirá que el sector bancario pueda ayudarnos a identificar cuentas que sirven para el delito. El grueso del paquete legislativo se enfocará a la criminalidad. Tengo entendido que el Ministerio de Economía tiene propuestas de decreto legislativo, eso se irá evaluando, pero en sí se trata de enfocar la emergencia”, refirió.
(FIN) RMCH
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