A través de un pronunciamiento, el Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares) expresó su rechazo a todo tipo de violencia ejercida contra cualquier ser humano, especialmente contra las mujeres, y solicita a quienes integran las rondas campesinas que enmarquen su actuación dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
La institución refirió que la base ronderil del anexo de Carhuacocha, del distrito de Chillia, provincia de Pataz, región La Libertad, torturó a un grupo de mujeres y a un hombre detenidos por supuestas prácticas de brujería.
“Durante más de una semana, estas personas fueron torturadas y violentadas psicológicamente, hasta que se vieron forzadas a aceptar la presunta autoría de estos actos, los que supuestamente habrían causado la muerte de terceros”, precisó en el pronunciamiento.
La Defensoría del Pueblo, recordó Inppares, ha precisado que en el Perú está proscrito todo acto de tortura y violencia que afecten la dignidad, la integridad y la vida de las personas.
Además, agregó, si bien
la Ley N°27908 señala que las rondas campesinas apoyan al Ejercicio en funciones jurisdiccionales de las comunidades, colaboran en la solución de conflictos, entre otros, estas actuaciones deben realizarse en estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas,
"a la luz del artículo N°149 de la Constitución Política y los alcances del protocolo de Estambul, aprobado por la ONU”.
Educación sexual integral
Para Inppares, esta lamentable situación reafirma lo necesario e imprescindible que es continuar con la implementación de una Educación Sexual Integral desde la escuela.
“Ello permitirá una relación más sana e igualitaria entre mujeres y hombres para erradicar conceptos erróneos sobre los roles de género que muchas veces ocasionan un actuar violento y sin capacidad de discernimiento para pensar en el daño a la otra persona”, precisó.
Inppares brindó su solidaridad al grupo de mujeres y al varón cuyas edades fluctúan entre los 50 y 79 años. “Solicitamos a las personas que integran las rondas campesinas que enmarquen su actuación dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes”.
Asimismo, se unió al pedido del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo para que el Ministerio Público actúe e investigue con prontitud lo sucedido, y que el Poder Judicial no deje impune lo que, a todas luces, constituye un delito en contra de los derechos.
Como institución defensora de los derechos de todas las personas, Inppares reiteró su rechazo a todo acto de tortura, violencia y abuso en contra de otro ser humano.
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(FIN) NDP/ SMS
Publicado: 15/7/2022