El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM) suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional que permitirá contribuir en la mejora de la salud mental de la población penal y del personal penitenciario.
El acuerdo fue suscrito por el presidente del INPE y el director general del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, Alfredo Saavedra Castillo.
En la actividad estuvieron presentes además, el director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada, Javier Saavedra y el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adicciones del INSM, Fernando Luna León, entre otros.
El convenio que tendrá una vigencia de tres años, se realizó en la gestión del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, con el objetivo de continuar trabajando por la salud mental de las personas privadas de libertad como un pilar fundamental del proceso de resocialización, así como del bienestar integral de los trabajadores.
A través de este documento, el INPE contará con el apoyo técnico especializado del INSM, entidad que brindará recomendaciones orientadas a la promoción de la salud mental, así como a la prevención y reducción de riesgos vinculados a los trastornos mentales, el consumo de sustancias y los problemas psicosociales, en concordancia con la realidad del sistema penitenciario.
Paredes Yataco, consideró que este convenio marca un hito entre ambas instituciones, puesto que hará posible establecer las bases y lineamientos para un adecuado tratamiento de la salud mental de la población en los establecimientos penitenciarios del país, así como de los servidores penitenciarios.
Por su parte, Saavedra Castillo destacó la suscripción de este convenio y precisó que se trata de un proyecto que se viene trabajando desde hace tres años, el cual tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas en materia de investigación dirigidas a una población altamente vulnerable, conformada por más de 100,000 personas privadas de libertad.
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(FIN) NDP/DSC/KGR
Publicado: 12/1/2026