El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Raúl Inga Garay, saludó al pleno del Congreso por la aprobación de los proyectos de ley que proponen modificar el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo N°1688, con el fin de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
“Estas iniciativas fortalecerán el trabajo que venimos haciendo desde el Inpe, en la seguridad interna y externa de los penales a nivel nacional, así como la lucha anticorrupción”, puntualizó Inga Garay.
La norma incorpora nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a centros penitenciarios. Las penas podrán alcanzar hasta 15 años de prisión cuando el delito sea cometido por autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos.
“El Inpe, en su compromiso de lucha contra la criminalidad, viene intensificando los controles de seguridad interna y externa en los establecimientos penitenciarios, además de la política tolerancia cero frente a la corrupción”, detalló la institución en una nota de prensa.
En ese sentido, en lo que va del año, agentes penitenciarios han intervenido a más de 300 personas en el acceso a los penales, intentando ingresar objetos y sustancias prohibidas. El 70 % se trata de los familiares de internos e internas, mientras que 12 % son abogados; y 9 %, proveedores.
Denuncia y destitución
Además, la gestión del Inpe viene fortaleciendo las áreas de Asuntos Internos, así como del Tribunal Disciplinario para prevenir y detectar oportunamente los casos de servidores o funcionarios penitenciarios implicados en casos de corrupción, para la destitución respectiva.
“No queremos malos elementos que manchen el uniforme del Inpe, los casos de corrupción serán denunciados y destituidos como corresponde”, enfatizó Inga Garay.
El funcionario agregó que estas iniciativas legislativas fortalecerán las acciones de su gestión orientadas a la seguridad penitenciaria y el principio de autoridad en los centros penitenciarios a nivel nacional, pues forman parte de la política institucional que aplican el Ministerio de Justicia y el Inpe.
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(FIN) NDP/CCH
Publicado: 22/5/2026