Más de 450 barreras burocráticas ilegales que afectaban la simplificación administrativa en el sector construcción fueron eliminadas de manera voluntaria por un gobierno local distrital de Tacna y dos municipalidades provinciales de Moquegua, gracias a la intervención del Indecopi.
Estas barreras ilegales –478 en total–, eran requisitos exigidos a usuarios que gestionaban licencias de funcionamiento, habilitación urbana, conformidades y declaratoria de edificaciones y modificación de proyectos, entre otros.
Los gobiernos locales que eliminaron las barreras son la municipalidad distrital de Gregorio Albarración (Tacna) y los municipios provinciales de Ilo y Mariscal Nieto (Moquegua), informó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
“Por ejemplo, se exigía copias del DNI, RUC y comprobante de pago por trámites realizados en las mismas entidades, lo cual fue eliminado”, detalló la Oficina Regional del Indecopi en Tacna (ORI Tacna).
Además, “se eliminó la imposición de someter a calificación ciertos procedimientos, cuando correspondía la aprobación automática”, agregó. También se dejó de lado la obligación de presentar documentos originales, legalizados o fedateados, en lugar de copias simples.
Figuraban en el TUPA
Tales exigencias estaban contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de dichas municipalidades, pero fueron eliminadas voluntariamente y ello fue comunicado en los respectivos portales institucionales, a través de la actualización de los TUPA.
“Este es el resultado de la labor persuasiva que realizan los especialistas de la ORI Tacna, mediante capacitaciones y requerimiento de información efectuadas con las mencionadas entidades ediles”, detalló el Indecopi, mediante una nota de prensa.
Qué es una barrera burocrática
“Con estas acciones se contribuye al cumplimiento de las facultades otorgadas al Indecopi mediante la Ley Antibarreras (Decreto Legislativo N°1256)”, añadió la institución.
Una barrera burocrática es “toda exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa”, precisó el Indecopi.
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(FIN) NDP/CCH
Publicado: 1/12/2020