El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que intensificó los operativos de fiscalización en mercados de abastos, terminales terrestres y grifos a nivel nacional ante el racionamiento de combustibles, con el objetivo de prevenir prácticas que afecten la economía de las familias y garantizar el acceso a bienes y servicios.
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En su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, la entidad convocó de urgencia a representantes del Ministerio Público del Perú, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para fortalecer las acciones de supervisión y sanción frente a eventuales irregularidades.
Indecopi señaló que esta labor articulada busca que cada institución, desde el ámbito de sus competencias, actúe con firmeza para evitar distorsiones en el acceso a bienes esenciales que puedan perjudicar a transportistas y usuarios finales.
Asimismo, informó que los operativos de fiscalización se ampliaron a mercados de abastos y terminales terrestres con el fin de verificar que no se registren prácticas que alteren los precios de la canasta básica ni el costo de los pasajes.
En el marco de estas acciones, personal de la Oficina Regional del Indecopi en Chimbote participó en una intervención conjunta con la Fiscalía en la estación de servicio PGYG, ubicada en la provincia del Santa, región Áncash. Durante la inspección se detectó que el establecimiento anunciaba el precio del gasohol regular a 16.51 soles en su panel exterior, pero cobraba 17.51 soles en el surtidor y en la boleta.
Según la entidad, este incremento por galón constituiría una posible vulneración al deber de idoneidad y al derecho de los consumidores a recibir información veraz.
Indecopi recordó a la ciudadanía que, ante cualquier indicio de irregularidad, los usuarios pueden presentar sus reportes a través de la plataforma Reclama Virtual o mediante el correo electrónico institucional. La entidad precisó que toda la información recibida será evaluada técnicamente y, de hallarse indicios de infracciones administrativas, se iniciarán las investigaciones correspondientes.
Asimismo, indicó que en los casos en que se presuma la comisión de delitos, la información será trasladada de inmediato al Ministerio Público para las acciones penales respectivas.