Como resultado de los diversos servicios de control en el primer semestre del presente año, la Contraloría General detectó un perjuicio económico de 8 millones162,243 soles al Estado e identificó en la región Ica a 184 funcionarios públicos y servidores con presuntas responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa.
Así lo informó, el gerente regional de Control de Ica, David Quiroga Paiva, durante la presentación del informe de gestión del primer semestre del 2024.
Detalló que las responsabilidades, suman en total 278, divididas en penales (67), civiles (83) y administrativas entidad (95) y a 33 funcionarios de las diversas instituciones publicas de la región Ica se les iniciará proceso administrativo sancionador como resultado de 29 informes de control posterior emitidos.
Sostuvo que la
Contraloría emitió un total de 673 informes de control en la región Ica, de los cuales 236 corresponden al control posterior, esto incluye dos auditorías de cumplimiento y 27 servicios de control específico.
“Con la ejecución de estas auditorías y servicios de control específico se logró auditar un monto de S/ 31 940 707. De este total, los equipos de auditores de la Contraloría identificaron un perjuicio económico de S/ 8 162 243 en diversas entidades de la región”, dijo.
Resultados del control simultáneo
Además de los servicios de control posterior, el órgano de Control realizó 459 servicios de control simultáneo en este primer semestre del año.
“En este tipo de control debo destacar cuatro informes en los que se advirtió que durante el 2021 y 2022 se adquirió equipos médicos y se entregó un total de 71 bienes, valorizados en S/2 218 745, a los centros de salud de La Tinguiña, Guadalupe, La Palma y Santiago, que, sin embargo, no se acreditó la existencia física de 17 equipos o accesorios en los mencionados establecimientos ni en el almacén de la Red de Salud Ica”, agregó.
Igualmente, se constataron que un buen número de estos equipos no se encuentran operativos debido a la falta de capacitación del personal de salud y otros no corresponden a la categoría y al nivel de atención del establecimiento.
“Se identificaron 1605 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a los gestores públicos para que adopten las medidas correctivas que correspondan”, manifestó.
Precisó que de las 208 situaciones adversas (13%) no fueron corregidas, en 1088 (68%) no se adoptaron las acciones necesarias para corregirlas y solo 309 (19%) fueron resueltas o están en proceso.