En un duro golpe a la criminalidad organizada y en el marco de las estrategias diseñadas en el plan Perú Seguro 2026, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló el grupo criminal “Los Elegantes de San Juan de Lurigancho”, que se valía de artimañas legales y juicios fraudulentos para apropiarse de terrenos e inmuebles ajenos.
Valiéndose de abogados y empresarios, esta red criminal simulaba procesos de compra-venta de inmuebles y entablaba juicios posesorios o de interdicto de recobrar, con el fin de lograr desalojos judiciales hasta despojar de los predios a sus legítimos propietarios.
Tras un paciente trabajo policial, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), en coordinación con el Ministerio Público, capturaron a los siete integrantes de esta organización criminal y allanaron 23 inmuebles vinculados con el caso.
Uno de ellos es Sandro Enrique Antenor Herrera Granda, gerente de la empresa Canto Grande S. R. Ltda., presunto cabecilla de este grupo delictivo, que también elaboraba documentos de supuestos actos de conciliación a su favor para apoderarse de los predios.
Luego de apropiarse de estos inmuebles, la citada empresa los revendía a sus testaferros, quienes a su vez los inscribían en los Registros Públicos para después interponer contra sus víctimas una demanda de desalojo ante los juzgados civiles.
Según su modus operandi, estos criminales primero ubicaban los predios, luego iniciaban los juicios fraudulentos, ejecutaban supuestos actos de conciliación y simulaciones de compra-venta con la referida empresa para venderlos a terceras personas y así hipotecar.
Las víctimas de este grupo criminal eran personas adultas, propietarias de sus inmuebles por más de 50 años, quienes eran fácilmente sorprendidos y luego desalojados de su posesión, pues no tenían conocimiento de las denuncias ni de los supuestos procesos.
Mediante presuntas influencias en el sistema judicial, estos delincuentes conseguían las órdenes de desalojo en tiempo récord y sin previa constatación.
Los detenidos fueron trasladados a las oficinas de la Diviac para las investigaciones del caso, por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública - organización criminal y contra el patrimonio - usurpación agravada.
En este megaoperativo participaron 300 policías y 27 fiscales especialistas en crimen organizado.