La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresaron su rechazo a la actitud irresponsable de los funcionarios públicos que se favorecieron indebidamente del proceso de vacunación contra el covid-19 en la región Loreto.
En un pronunciamiento institucional, la ANGR otorgó su total respaldo a las acciones legales implementadas por el gobernador regional Elisbán Ochoa, a través de la Procuraduría Regional.
Asimismo, exhorta a los órganos competentes a iniciar una exhaustiva investigación, con la celeridad necesaria, a fin de lograr sanciones ejemplares.
Finalmente, la ANGR invoca a los funcionarios y servidores públicos a mostrar una conducta ética en el proceso de inmunización, respetando la priorización impuesta por las normas correspondientes.
En la víspera, tanto el Ministerio de Salud como la
Contraloría General de la República rechazaron lo sucedido con el proceso de vacunación en la región Loreto e iniciaron las investigaciones respectivas para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan.
Mediante un comunicado, la Contraloría calificó de indignante que funcionarios y servidores públicos, que no formaban parte del padrón de adultos mayores programados o priorizados en la región Loreto, vulneren la confianza y disposiciones y que, en beneficio propio, se hayan vacunado irregularmente.
“La vacunación a personas que ni formaban parte del padrón de adultos mayores programados o priorizados por su condición de vulnerabilidad en la región Loreto no se realizó en un centro de vacunación autorizado. El hecho se concretó en la Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto, que no era punto programado para ese fin”, precisa el comunicado.
Sin embargo, aseveró que dicha aplicación irregular fue detectada por la Contraloría General el 22 de marzo y comunicada inmediatamente a las autoridades del Ministerio Público.
El gobierno regional de Loreto publicó una lista de más de 60 personas presuntamente vacunadas de manera irregular, dentro de los cuales se encuentran los alcaldes de Maynas y de Punchana.
El gobernador Elisbán Ochoa anunció que ha iniciado una investigación sobre este hecho y que suspenderá de sus cargos a aquellos funcionarios que hayan infringido las normas sanitarias mientras duren las investigaciones, sin perjuicio de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales que el caso amerita.
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