El Gobierno oficializó hoy la prórroga, por 60 días calendario, del estado de emergencia declarado en las provincias de Zarumilla y Tumbes, en el departamento de Tumbes.
Esta medida se oficializa a través del Decreto Supremo N° 153-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
En tal sentido, se prorroga por 60 días calendario, a partir del del 24 de noviembre de 2026, el estado de emergencia declarado por el Decreto Supremo N° 045-2026-PCM y el Decreto Supremo N° 080-2026-PCM, en las provincias de Zarumilla y Tumbes del departamento de Tumbes, respectivamente, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.
Para ello, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
Asimismo, precisa que durante la prórroga se aplica lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Además, refiere que la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2016-IN; y en el Título II del Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su reglamento.
De igual modo, en el "Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad", aprobado por Decreto Supremo N° 002-2023-MIMP, y en el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.
Según el dispositivo, la implementación de las acciones previstas en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados.
(FIN) JCC
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Publicado: 20/11/2026