El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga de la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario hasta el 31 de diciembre de 2027, con el propósito de continuar implementando medidas orientadas a enfrentar la crisis estructural que afecta la seguridad, infraestructura, capacidad de albergue y prestación de servicios en los establecimientos penitenciarios del país.
Según la norma, la decisión responde a la necesidad de garantizar la continuidad de las acciones destinadas a fortalecer las capacidades operativas del sistema penitenciario, mejorar la seguridad integral en los centros de reclusión y avanzar de manera progresiva en la superación de los problemas estructurales que enfrenta este sector.
El decreto precisa que durante el periodo de prórroga se ejecutarán medidas administrativas, operativas y de gestión orientadas a afrontar las deficiencias vinculadas a la seguridad penitenciaria, la infraestructura de los establecimientos, el hacinamiento y la prestación de servicios a la población privada de libertad.
Asimismo, se establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), aprobará mediante resolución ministerial, en un plazo máximo de 45 días calendario desde la publicación de la norma, las acciones necesarias para una intervención reforzada de la emergencia penitenciaria.
Estas medidas incluirán mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el avance de las acciones implementadas y asegurar una respuesta efectiva frente a la crisis que afecta al sistema.
La norma también dispone que sus alcances se adecuarán al proceso de implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), creada mediante el Decreto Legislativo N.° 1710 como ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.
En ese sentido, las disposiciones de la emergencia penitenciaria se extenderán a la Sunir y al referido sistema especializado en lo relacionado con el ámbito penitenciario, mientras se consolida el proceso de transferencia de funciones previsto en la citada legislación.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca dar continuidad a las acciones emprendidas para fortalecer la gestión penitenciaria y atender los desafíos derivados del hacinamiento, la seguridad interna y las limitaciones de infraestructura que enfrentan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
(FIN) CVC
CVR
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Publicado: 21/8/2026