El Gobierno presentó un proyecto de ley para agravar las penas para los delitos de minería ilegal, así como los de hurto y receptación resaltó el presidente Pedro Castillo, em su Mensaje a la Nación ofrecido en el Congreso.
El jefe del Estado destacó que la iniciativa contra la minería ilegal incorpora la sanción para aquellos que cedan a terceros sus autorizaciones de manera irregular, lo cual será penado con 2 años de pena privativa de la libertad.
Asimismo, se agrega el agravante de organización criminal para el agente que comete delitos de minería ilegal, aplicándose ahora penas de 8 a 20 años.
“También se incorpora como conducta sancionable la generación de situaciones de grave riesgo ambiental. Asimismo, se establece la inhabilitación de 2 a 12 años para el tipo base, e inhabilitación perpetua si el agente es cabecilla o jefe”, anunció el jefe de Estado.
En cuando al proyecto de ley sobre delitos de hurto y receptación, el presidente señaló que se han establecido penas efectivas cuando se trata de equipos informáticos o tecnológicos de comunicaciones.
Este plantea que el hurto de equipos informáticos sea considerado un agravante de dicho delito. Asimismo, se disminuye el valor del bien del delito de hurto simple al 50% de la remuneración mínima vital (RMV).
El presidente Castillo informó además que encuentran pendientes de aprobación en el Congreso 45 proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, en materias como reactivación económica, generación de empleo, seguridad ciudadana, educación, lucha contra la corrupción, entre otros.
Consejos descentralizados
En otro momento, el jefe de Estado sostuvo que su Gobierno viene consolidando la gobernanza territorial con el desarrollo, hasta la fecha, de 19 consejos de ministros descentralizados en todo el Perú, donde escucharon las demandas de diversos actores. Agregó que el Ejecutivo está haciendo seguimiento a los acuerdos adoptados en dichos espacios.
Mencionó que también se han constituido 20 mesas técnicas de desarrollo, para abordar problemáticas específicas de diferentes localidades en Apurímac, Puno, Loreto, Ayacucho, la zona del Vraem, entre otras a nivel nacional.
Asimismo, el mandatario destacó la aprobación de la Política Nacional de Gestión Pública al 2030, que continuará implementándose en todas las entidades del Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades, a fin de mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos.
Lucha contra la corrupción
El presidente señaló también que en noviembre de 2021 se presentaron al Congreso cinco proyectos de ley en materia de integridad y lucha contra la corrupción, de las cuales tres ya se aprobaron, con alta votación.
Estos son la ley para combatir el soborno nacional y transnacional; la norma para prevenir posibles actos de corrupción y conflictos de intereses en el sector público; y una ley para fortalecer la investigación, procesamiento y sanción a personas jurídicas por estos delitos.
En ese sentido, dijo confiar en que el Congreso retomará el debate de las dos iniciativas que quedan pendientes, referidas a la aprobación de cláusulas anticorrupción en los contratos del Estado y sanciones a la corrupción asociada a extorsión sexual por parte de funcionarios y servidores públicos.
Justicia
Sobre las reparaciones colectivas a las víctimas del periodo de violencia 1980-2000, el presidente Pedro Castillo destacó las acciones para la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 y entrega de restos de víctimas a sus familiares, habiéndose dado 225 restituciones y entierros dignos, 3 casos de personas halladas con vida que se reencontraron con sus familiares y 6 cierres administrativos.
Asimismo, el mandatario informó que, como medida de reparación colectiva, entre agosto de 2021 y julio 2022 se realizó la transferencia de 49 millones de soles a favor de 14 gobiernos locales, ello para realizar proyectos productivos y de infraestructura en beneficio de 22 mil familias víctimas de violencia en este periodo.
Asimismo, informó que el Ministerio de Justicia brinda el servicio de asistencia legal a la ciudadanía en temas de derecho de familia y el patrocinio legal de las víctimas en los procesos judiciales, cumpliendo así con el compromiso de promover el acceso a la justicia, especialmente entre los más vulnerables.
Durante el periodo comprendido entre el 28 de julio de 2021 al 6 de julio de 2022 se han atendido 294,900 consultas y 77,800 patrocinios, detalló el mandatario.