Andina

Gobierno plantea que trabajadores penitenciarios puedan ser sancionados por cohecho

Gobierno presenta proyecto con el que busca reducir corrupción en las cárceles

Foto: ANDINA/difusión.

Foto: ANDINA/difusión.

16:51 | Lima, jul. 28.

Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para que los servidores de ese ámbito puedan ser sancionados por la Comisión de Delitos de Cohecho Pasivo Propio e Impropio.

En la iniciativa se propone modificar, con ese fin, los artículos 395-A y 395-B del Código Penal. El documento fue presentado hoy ante el Parlamento por la Presidenta de la República, Dina Boluarte.

De acuerdo al proyecto de ley, el artículo 395-A establecería parámetros de delito de cohecho pasivo propio cometido en el ejercicio de la función policial y penitenciaria. 


Se establece, en tal sentido, que el policía o servidor penitenciario que acepte o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de diez años, e inhabilitación.

De igual manera, se indica que el policía o servidor penitenciario que solicite ese tipo de dádivas a cambio de realizar u omitir un acto vinculado a sus funciones recibirá pena de cárcel no menor de seis ni mayor de diez años, e inhabilitación. Los que condicionen su accionar a ese tipo de entrega, tendrán penas no menores de ocho ni mayores de doce años, y serán inhabilitados.

Cohecho pasivo impropio

Asimismo, el artículo 395-B se refiere a la modalidad de cohecho pasivo impropio cometido dentro del ejercicio de la función policial y penitenciaria.
Aceptar donativos, promesas, ventajas o beneficios recibirá penas no menores de cuatro años ni mayores de siete años, y la inhabilitación. Solicitar estas prerrogativas, será sancionado a su vez con penas no menores de cinco ni mayores de ocho años, además de la correspondiente inhabilitación.

El Ejecutivo argumenta que, incluyendo a los servidores de los centros penitenciarios entre los sancionados por incurrir en esta figura delictiva, se optimizará la política anticorrupción estatal en el sistema penitenciario; específicamente en la tramitación de beneficios para los internos de dichos establecimientos.


(FIN) FGM/JCR
GRM

Más en Andina:


Publicado: 28/7/2023