Por Miguel De la Vega PolancoLa informalidad es uno de los “rasgos más persistentes de los mercados laborales de América Latina y el Caribe (ALC) y uno de los retos centrales para el desarrollo regional”, destaca la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Refiere que, en promedio, afecta a casi la mitad de las personas ocupadas; y que la tasa de informalidad laboral varía desde menos del 30% en países como Uruguay y Chile a más del 70% en naciones como Bolivia y Perú.
“Es un fenómeno que afecta principalmente a trabajadores en unidades económicas no registradas y a poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes y migrantes, y cuya incidencia es mayor en sectores como el agropecuario, el servicio doméstico, la construcción, el comercio y el transporte”, detalla la
OIT en un reciente documento.
Los empleos informales carecen de protección social de salud y un futuro pensionario, por ello es importante que más personas accedan a un empleo digno que los proteja y a la vez puedan acceder a un sistema financiero que les permita obtener crédito y capital de trabajo.
En el
Perú, en el 2025, la
población económicamente activa o fuerza de trabajo (PEA), alcanzó las
18 millones 477,200 personas, que equivale al
69.5% de la población en edad de trabajar (PET), según los resultados de la
Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) de ese año.
Asimismo, al cierre del año pasado, el 70.2% tenía empleo informal, sin protección legal y sin cobertura de protección social, y carentes de prestaciones relacionadas con el empleo. Solo el 29.8% de la población ocupada tenía empleo formal.
Para comprender qué se entiende por empleo informal, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) explica que “está referido al total de empleos que cumplen las siguientes características, según la categoría ocupacional del trabajador: independientes cuya unidad productiva pertenece al sector informal; los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador y los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza formal e informal de la unidad productiva donde labora”.
De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Empleo, en el 2025 un total de
nueve millones 811,700 personas de la PEA tenían
empleo adecuado, cantidad superior en
6.9% respecto al 2024.
Por su parte, el
Banco Mundial recalca la importancia de la formalización laboral porque los empleos buenos e inclusivos son la vía más eficaz para salir de la pobreza. “Un sector privado productivo que funcione en igualdad de condiciones, uno que proporcione empleos en todos los ámbitos de la sociedad, es clave para poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida”, enfatiza el Banco Mundial.
Respeto a los derechos laborales
Pero luchar contra la informalidad no es solo proveer de un sistema económico estable y con oportunidades de inversión y seguridad, también es velar por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
En ese sentido, la OIT señala que “las inspecciones de trabajo son un elemento clave para garantizar condiciones de trabajo decente mediante la promoción y la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales”.
Asimismo, destaca la importancia de las instituciones fiscalizadoras en la transición de la economía informal a la formal, y por ello “el fortalecimiento de los sistemas de inspección laboral y el perfeccionamiento de su eficacia y eficiencia han sido y siguen siendo una prioridad para los actores tripartitos del mundo del trabajo y para la OIT”.
Sunafil
En el Perú, la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) juega un rol clave en la formalización del trabajo. Fue creada mediante la
Ley Nº 29981, del 15 de enero del 2013, como organismo técnico especializado adscrito al
MTPE. Inició funciones el 1° de abril del 2014, con la misión de “promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”, así como también proveer la asesoría técnica y realizar investigaciones y proponer normas sobre estas materias.
“La institución ha evolucionado hacia un modelo de fiscalización inteligente y preventiva. El enfoque prioriza acompañar al empleador para que corrija de manera voluntaria antes de sancionar, a través de cartas inductivas, asistencias técnicas gratuitas y capacitaciones masivas”, afirmó el superintendente nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos Florian.
Detalla que, desde su creación, un total de dos millones 152,630 trabajadores fueron incorporados a la planilla electrónica, y en el 2025 se logró una cifra histórica con “más de 475,000 nuevos trabajadores en planilla, beneficiando a cerca de 1.9 millones de personas con seguridad social”.
También sostuvo que, desde el 2021,
más de 837,000 trabajadores fueron formalizados gracias al aplicativo
Verifica tu Chamba.
En lo concerniente a la difusión y el diálogo social, más de 8.9 millones de personas fueron informadas sobre la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo (SST). También se realizaron 3,212 reuniones de diálogo social con sindicatos y gremios empresariales para prevenir conflictos, y más de 176,000 personas fueron informadas mediante acciones de difusión recientes.
En fortalecimiento institucional y normativo destaca que se aprobaron 18 criterios normativos técnico-legales y 56 instrumentos normativos vigentes para fortalecer la SST y la formalización. También se emitieron 67 precedentes de observancia obligatoria por el Tribunal de Fiscalización Laboral, garantizando predictibilidad, y se intervinieron a más de 47,000 empleadores sin antecedentes de fiscalización, ampliando la cobertura inspectiva.
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(FIN) MDP/VLA
Publicado: 18/4/2026