El capital de los fondos de desarrollo inmobiliario residencial en el Perú podría alcanzar entre US$600 millones y US$750 millones en 2030, a partir de una base estimada de US$300 millones al cierre de 2025, prevé Conexa Financial Group (CFG).
“La proyección contempla un crecimiento anual compuesto de 15% a 20%, condicionado a la demanda efectiva de vivienda, el crecimiento del PBI peruano, la expansión del Fondo Mivivienda y las tasas de interés locales e internacionales”, explicó Freddy Salcedo, fundador y director ejecutivo de CFG.
Refirió que las cifras corresponden exclusivamente al capital o equity destinado al desarrollo de proyectos residenciales.
“El cálculo combina información publicada de fondos de oferta pública existentes con estimaciones de fondos privados existentes. Se excluyen fondos de deuda, inversiones en oficinas y locales comerciales y vehículos dedicados exclusivamente a rentas; tampoco se confunde el equity con el valor total de los proyectos o de las viviendas vendidas”, explicó.
Refirió que la estimación de CFG toma como referencia 250 inmobiliarias, de las cuales solo el 20% (unas 50 empresas) utiliza estos instrumentos.
“Con un equity promedio estimado de seis millones de dólares por empresa usuaria, la base se mantiene en 300 millones de dólares”, dijo.
Indicó que según la evaluación sectorial de CFG, ese grupo reúne a los desarrolladores que realizan el mayor número de proyectos, lo que evidencia el espacio para ampliar el acceso a esta fuente de capital.
“La necesidad de vivienda abre espacio para nuevos proyectos. Para canalizar capital hacia ellos necesitamos desarrollos viables, compradores con acceso al crédito y una gestión que proteja los recursos del inversionista”, indicó Salcedo.
Explicó que los fondos aportan capital durante la adquisición de terrenos, el desarrollo, la construcción y la comercialización. Al complementar los recursos del desarrollador y facilitar la estructuración del crédito de construcción, pueden permitir que una inmobiliaria ejecute varios proyectos simultáneamente.
“Una mayor adopción entre empresas con proyectos viables contribuiría a ampliar la oferta de vivienda formal”, enfatizó.
Demanda y financiamiento
De otro lado, refirió que el Perú enfrenta un déficit habitacional cuantitativo estimado en cerca de 600 mil viviendas, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).
Indicó que a esa necesidad acumulada se suma la formación de alrededor de 140,000 nuevos hogares cada año, referencia de nueva demanda recogida por el Fondo Mivivienda.
“Esta presión por vivienda refuerza la necesidad de ampliar la oferta formal, aunque se convierte en ventas cuando las familias disponen de ingresos y financiamiento suficientes. Por ello, el crecimiento del PBI, del empleo formal y de los ingresos será determinante, junto con el aumento de las colocaciones del Fondo Mivivienda y la disponibilidad de bonos habitacionales”, dijo.
Asimismo, refirió que las tasas internacionales influyen en el costo del capital y en las decisiones de los inversionistas, mientras que las tasas hipotecarias locales condicionan las cuotas de los compradores.
“También serán decisivos la estabilidad regulatoria, el acceso a suelo con servicios, la obtención de licencias, los costos de construcción y el cumplimiento de los plazos de obra. Una mayor velocidad de ventas y una ejecución eficiente favorecerían el escenario de mayor expansión”, afirmó.
Refirió que el crecimiento proyectado exige captar y reinvertir capital para nuevos desarrollos, compensando las devoluciones de los fondos que concluyan sus proyectos. El rango de 15% a 20% se refiere al crecimiento neto del equity administrado y no a una rentabilidad ofrecida a los inversionistas.
Más vivienda y empleo
Por otra parte, señaló que el Instituto Peruano de Economía (IPE), en su estudio sobre vivienda formal publicado en febrero de 2026 por encargo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), reporta un promedio de más de 130,000 empleos formales directos al año durante la última década en la construcción de edificios y las actividades inmobiliarias.
Refirió que el informe también recoge una estimación de 275,000 empleos totales asociados a la inversión inmobiliaria formal en 2024, incluidos los efectos indirectos e inducidos. Estas referencias corresponden al sector formal en conjunto, no exclusivamente a proyectos financiados por fondos.
“Tomando los 275,000 puestos de trabajo de 2024 como referencia, un escenario ilustrativo de crecimiento del empleo total de 5% anual compuesto permitiría alcanzar alrededor de 370,000 puestos de trabajo en 2030”, señaló.
Indicó que la tasa es un supuesto propio, moderado frente al crecimiento histórico recogido por el IPE, y depende de la inversión efectiva, las ventas y la productividad.
“Esta proyección sectorial no aplica automáticamente el crecimiento de 15% a 20% previsto para el equity de los fondos”, enfatizó.
Asimismo, señaló que los empleos directos se concentran en las obras y la gestión de proyectos; los indirectos, en proveedores de materiales, transporte y servicios especializados; y los inducidos, en actividades que atienden el consumo de los trabajadores.
“Los fondos pueden contribuir a ese circuito al facilitar capital para nuevos desarrollos y movilizar inversión complementaria”, subrayó.
Finalmente, Salcedo destacó que la contratación formal, la capacitación y los ingresos de esta actividad pueden contribuir a reducir la pobreza y la vulnerabilidad de los hogares.
“A ello se suma el acceso a viviendas seguras y con servicios. El impacto dependerá de la calidad del empleo y de una oferta acorde con la capacidad de pago de las familias”, puntualizó.
Más en Andina:
(FIN) NDP / MDV
Publicado: 18/10/2026