De enero a noviembre de 2025, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) consiguieron que se dicten 812 sentencias condenatorias en el país como parte de la lucha que efectúa contra la minería ilegal, el tráfico de madera, fauna silvestre, pesca ilegal y otros delitos que afectan los ecosistemas.
Los resultados se sustentan en un trabajo fiscal permanente que incluyó el liderazgo de 330 acciones conjuntas con la Policía Nacional, Ejército del Perú y autoridades regionales que contribuyeron a la destrucción de 22,276 bienes utilizados para extraer minerales en ríos (minería aluvial): maquinarias pesadas, campamentos mineros, embarcaciones artesanales, dragas, motores y generadores eléctricos.
En la provincia de Pataz, región La Libertad, una de las zonas más críticas afectadas por la minería ilegal, se logró la destrucción de 6,158 sacos de material aurífero, 5,032 detonadores ensamblados, 2,042 baldes de combustibles, 1,622 cartuchos de dinamita, 12 zarandas, 56 carritos mineros, entre otros implementos que sirvieron para la explotación ilícita de recursos minerales.
Productos forestales
Durante 2025 también se condujo 345 diligencias de prevención contra el tráfico ilegal de productos forestales, en los que se logró incautar 131,641 metros cúbicos de madera, al igual que 168 toneladas de carbón vegetal.
Respecto al tráfico de fauna y flora silvestre se efectuaron 206 operaciones de incautación y rescate de 1,292 especímenes, 343.64 kilos de carne de sajino, venado, añuje, lagarto y otros ejemplares afectados.
Asimismo, el hallazgo de 5,059 vestigios (animales o fragmentos disecados) como caparazones de tortuga mordedora, cuerpos de caimanes blancos, monos ardilla taxidermizados, pieles de cocodrilos, cabezas de anacondas, iguanas, mariposas, quirquinchos, etc.
Compromiso
También se logró la incautación de 167 toneladas de recursos hidrobiológicos como parte de los 163 operativos de prevención desplegados para combatir el delito de pesca ilegal y proteger especies amenazadas en el litoral costero.
El Ministerio Público, a través de las FEMA, reitera su compromiso con la defensa del ambiente, el principio de legalidad y el desarrollo sostenible fortaleciendo la persecución penal de los delitos ambientales y contribuyendo de manera decisiva a la protección de la biodiversidad natural del Perú.