La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste constató las zonas marítimas y costeras afectadas por el derrame de 11,853 barriles de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022, por parte de la empresa Refinería La Pampilla S. A. A., con la finalidad de actualizar el estado de contaminación del área.
Durante la diligencia, se cubrió tres puntos con el apoyo de una embarcación de la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (Dicapi): un acantilado y la playa Carachozo, en el distrito de Santa Rosa, así como un acantilado en el distrito de Ventanilla, situado entre la playa Bahía Blanca y la playa Javier.
La supervisión interinstitucional, a cargo del fiscal provincial Paulo César Brancacho Japa, consistió en el recorrido de las citadas zonas, así como la extracción de muestras contaminadas por hidrocarburos en puntos de agua y de sedimentos para su posterior análisis, identificación de fauna silvestre afectada, entre otras actividades necesarias para realizar un balance sobre los avances y limitaciones de las acciones de limpieza y rehabilitación ambiental.
El fiscal Brancacho precisó que esta supervisión “se realiza a efectos de determinar in situ si sigue habiendo contaminación. Esta nueva gestión viene realizando diversas coordinaciones con entidades del Estado a fin de evitar problemas similares a las ocurridas en el año 2022".
Asimismo, el defensor adjunto de Medio Ambiente y Cambio Climático, José Quequejana Cóndor, señaló que "la presencia del Ministerio Público es importante porque en virtud a todo el impacto hay una responsabilidad civil y penal por parte de las empresas privadas que ocasionaron este desastre ambiental. Es la Fiscalía la que puede verificar y dar valor legal y jurídico a esta intervención".
El monitoreo de aguas es importante para verificar el impacto ambiental. Por ello, la FEMA Lima Noroeste realiza un seguimiento constante al mar peruano afectado por el derrame de hidrocarburos y reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales y los ecosistemas del Perú.
En la supervisión también participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).