20:31 | San Martín, feb. 9.
El Ministerio Público, en ejercicio de su rol constitucional de defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales, dirige y supervisa de manera rigurosa la investigación iniciada por un grave caso de violencia física y psicológica en agravio de un niño de apenas 4 años de edad, ocurrido el pasado 3 de febrero en el centro poblado San Juan de Pacayzapa, distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Moyobamba, región San Martín.
Desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho, tras el ingreso del menor al Hospital del Ministerio de Salud de la ciudad de Moyobamba, la Fiscalía activó de inmediato los protocolos de intervención correspondientes, articulando acciones conjuntas con el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú, con el objetivo prioritario de salvaguardar la integridad y el bienestar del niño, así como de garantizar el debido proceso y la eventual sanción de los responsables conforme a ley.
Las diligencias preliminares fueron dispuestas por el fiscal provincial de la Fiscalía Mixta de Alonso de Alvarado, Martín Roselí Paredes, quien ordenó la realización de actos urgentes de investigación. Como resultado de estas actuaciones, se logró determinar la existencia de afectaciones significativas a la integridad física y emocional del menor.
Dichas conclusiones se sustentan, entre otros elementos, en la ficha de valoración de riesgo elaborada por profesionales del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Moyobamba, la cual calificó el caso como una situación de riesgo severo, lo que hizo necesaria la adopción inmediata de medidas de carácter tutelar y de protección especial.
Según la información remitida a la Fiscalía, las personas investigadas por estos hechos son la madre del niño, Sara Yalle, de 32 años de edad, y su padrastro, José Matta, de 27 años. Éste último, se encuentra retenido por las rondas campesinas de la zona, a la espera de su entrega formal y puesta a disposición de las autoridades policiales, a fin de continuar con las diligencias de investigación en el contexto del ordenamiento jurídico vigente.
En tanto, la madre del menor también se encuentra comprendida dentro de la investigación penal respectiva.
Frente a la gravedad de los hechos y en atención a la solicitud presentada por el Ministerio Público, el Juzgado de Familia de Tarapoto dispuso la adopción de medidas de protección inmediatas y urgentes.
Entre ellas se incluyen el impedimento de acercamiento y de comunicación por parte de los investigados hacia el menor, la ejecución de patrullaje policial preventivo, la disposición de tratamiento psicológico especializado para el niño y el otorgamiento de la tenencia provisional a favor de su padre biológico, con el fin de garantizar un entorno seguro y protector.
El Ministerio Público reafirma su firme compromiso con la defensa irrestricta de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como con la lucha frontal contra toda forma de violencia. En ese sentido, continuará impulsando las diligencias necesarias para el esclarecimiento total de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan, actuando siempre con celeridad, firmeza y respeto al debido proceso, conforme a lo establecido por la ley.
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(FIN) NDP/TMC
Publicado: 9/2/2026