La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a cargo del fiscal superior Andrés Ángel Montoya Mendoza, presentó acusación y solicitó la pena de cadena perpetua contra Víctor Quispe Palomino (c) “José” y Jorge Quispe Palomino (c) “Raúl”, por liderar la organización subversiva Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), entre los años 2002 y 2018.
La misma sanción se ha solicitado contra otros integrantes de la cúpula terrorista, como Tarcela Loya (c) “Olga”, Teodoro Benites (c) “Dino” y Eleachin Huamán (c) “Julio Pucañahui”, en calidad de integrantes del Comité Central de la red.
Los Quispe Palomino fueron integrantes de Sendero Luminoso en décadas anteriores, no obstante, formaron el movimiento terrorista MPCP a inicios de los años 2000 en el Vraem.
Asimismo, se requirieron penas de entre 25 y 30 años de prisión efectiva contra Alexander Alarcón (c) “Renan”, Joel Chirote (c) “Roberto” y Franklin Tello (c) “Lucio”, por el delito de terrorismo agravado.
La acusación incluye además el pago de S/ 38.5 millones de reparación civil a favor del Estado.
El documento fiscal, de más de 2,000 páginas, acumula 74 expedientes y
documenta 124 hechos delictivos perpetrados por Sendero Luminoso. Entre los más graves figura la emboscada contra la patrulla de Comandos N.° 19 del Ejército y la Marina (2003), con siete fallecidos;
el ataque a la base de la DINOES en Ayacucho (2009), que dejó cinco muertos, entre ellos dos civiles; el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem (2012); y el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú (2012), donde perdió la vida la mayor
Nancy Flores Paucar.
Los cargos imputados en la acusación abarcan participaciones individuales, autoría mediata, así como la dirección de múltiples atentados ejecutados contra bases militares, efectivos de las Fuerzas Armadas, miembros de la PNP y comunidades nativas en las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.
La acusación también detalla la práctica sistemática de secuestro de hombres, mujeres y niños —denominados “
pioneritos”—, quienes eran retenidos en campamentos terroristas, sometidos a explotación y adoctrinamiento, o incorporados como combatientes.
Con esta acción, el Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra el terrorismo, garantizar justicia para las víctimas civiles, autoridades policiales y militares, así como la búsqueda de la defensa del orden democrático y la seguridad a nivel nacional.
Publicado: 18/10/2026