15:32 | Chimbote, jul. 10.
El fiscal anticorrupción del Santa, Laureano Añanca, confirmó que presentó una acusación ante el Poder Judicial, contra el suspendido gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos, por el millón de soles que le fueron “donados” para que pueda pagar la deuda que tenía con el Estado producto de una rehabilitación pendiente.
El Ministerio Público imputa a Ríos Salcedo el delito de cohecho pasivo propio y solicita la pena de 9 años de cárcel para él, así como el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer la función pública; además del pago de más de 700 días multa.
La Fiscalía ha presentado cargos también contra las nueve personas que donaron el millón de soles. Ellos son: Cristian Luis Cárdenas Depaz, Daniel Humberto Reinafarje Quiroz, Patricia Leonor Quezada Barrera, José Enos Neyra Flores, Iris Myluska Aldea Correa, Sabik Soriano Navarrete, Javier Contreras Lara, Guillermo Washington Oviedo Velásquez y Miguel Angel Peralta Merino; para quienes solicita la pena de 4 años de cárcel efectiva y el mismo período de inhabilitación en la función pública y el pago de más de 400 días multa. A ellos se les imputa el delito de cohecho pasivo genérico.
De igual forma, el Ministerio Público sostiene que son cómplices secundarios del delito de cohecho pasivo propio, los investigados José Servat Chocano y Gonzalo Alegría Varona, para quienes solicita la pena de 6 años de cárcel.
Estos último, indica la Fiscalía, habrían colaborado en el proceso de transferencia del dinero a favor de Ríos Salcedo, en coordinaciones para las notarías y partidas de transferencia.
De acuerdo a los elementos de convicción que ha podido recabar la Fiscalía, se señala que el dinero que aportaron las personas en realidad habría sido de otras personas jurídicas o naturales.
“Hay algunas personas naturales y jurídicas que están identificadas, naturalmente, que existe la sospecha que en realidad pensaban obtener algún beneficio durante la administración regional del imputado Waldo Ríos Salcedo”, aseveró el fiscal Añanca.
Con respecto al período de 9 años de cárcel que se pide para Ríos Salcedo, subrayó que la Fiscalía ha considerado como agravante que al momento de la consumación del presunto nuevo delito, la autoridad regional, aún no estaba rehabilitada, por lo que se considera que tuvo la calidad de “reincidente”.
Sobre el monto de reparación civil, refirió que esta la deberá determinar y sustentar la Procuraduría Anticorrupción, la cual ha sido apersonada a esta pesquisa.
El magistrado explicó que ahora el escrito deberá ser revisado por el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, Eudosio Escalante Arroyo, para que se programe la audiencia de control de acusación y finalmente determinar si la causa ingresa a la etapa de juicio oral.
(FIN) GHD/MAO
JRA
Publicado: 10/7/2017