El desarrollo de infraestructura vial en la Amazonía peruana debe considerar un trabajo conjunto con las comunidades indígenas que habitan en la zona que permita recopilar información necesaria para el correcto diseño y ejecución de los proyectos de inversión.
En dicho certamen, el especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación Civil DAR, Ciro Salazar, presentó el estudio sobre necesidades y capacidades locales sobre la experiencia de comunidades indígenas del área de influencia de la carretera Iquitos-Saramiriza, región Loreto, resultado del trabajo conjunto realizado con las organizaciones indígenas ORPIO Y CORPI.
Sostuvo que la visita a 21 comunidades indígenas en las cuencas de los ríos Tigre y Morona permitió determinar que, si bien existe una brecha en el acceso a servicios públicos de calidad en el lugar, también existen varios indicadores que apuntan a una degradación en curso del bosque del cual dependen las comunidades para subsistir.
“Ello implica un incremento en la vulnerabilidad económica de estas poblaciones. Es clave identificar el espacio vital de las comunidades cuando se diseñan y se evalúan los impactos de los proyectos. Existen también riesgos a la salud pública y de actividades ilícitas que deben ser evaluados. No para descartar proyectos necesariamente, sino para fijar salvaguardas necesarias en el momento adecuado”, recalcó.
El estudio devela que el 93 % de los hogares tiene como actividad fundamental la agricultura, mientras que el 80 % se dedica a la pesca y un 70 % a la caza. Asimismo, la mitad de las familias entrevistadas venden productos agrícolas en mercados distritales o regionales.
“Cuando preguntamos a dónde acuden las familias para atender emergencias, el 89 % va a postas médicas. Sin embargo, más de la tercera parte recurre también a curanderos y plantas. Se logró identificar 82 tipos de plantas medicinales de uso frecuente en total entre las zonas visitadas en las cuencas del Tigre y del Morona. Ello nos da una idea de la diversidad en el lugar, y la importancia de la conservación del bosque desde un punto de vista de salud pública”, explicó.
Deborah Delgado, investigadora de la PUCP, quien también estuvo involucrada en el estudio, consideró necesario resaltar que la infraestructura necesita articular con el planeamiento territorial. “Esto nos está faltando mucho. Si no viene de la gente, se convierte en un papel que tiene una función negativa. Tiene un efecto, pero que puede ir en contra de sus objetivos (...). El momento en que vivimos nos permite partir de varios consensos”, acotó.
Asimismo, Rubén Medina, especialista de la organización indígena ORPIO -que junto a CORPI-SL y DAR participó en el trabajo de recolección de información-, remarcó los riesgos de los proyectos viales para los derechos de las comunidades.
“Actualmente tenemos una carretera que va a pasar por territorios de comunidades nativas que están a 20 minutos de Iquitos. Esto genera mayor presión a los territorios de las comunidades indígenas que muchas veces no están saneadas física y legalmente, y la apertura de estas carreteras ayuda que haya mayor presencia de actividades ilícitas. Y no están siendo consultadas, por ello estamos trabajando para crear protocolos de consulta desde los pueblos indígenas para fortalecer este derecho”, aseveró.
En esa línea, Ángel Sosa, especialista ambiental de Provías Descentralizado, comentó que “Es clave la información. Sin ella, poco podemos hacer. El proyecto de Iquitos-Saramiriza lo asume Provías por encargo del gobierno regional de Loreto. Hoy está paralizado porque tenemos que actuar en base al cumplimiento de leyes dadas. El consorcio contratado para elaborar el Perfil no ha logrado ingresar a recoger información primaria. Esta información que hoy presenta DAR es la que se necesita y que debe ser generada por el Estado”.
La experiencia de Colombia
El seminario web contó también con la participación de Maryi Serrano, miembro de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), quien relató la experiencia colombiana para el desarrollo de proyectos de infraestructura verde. “Colombia empezó con el tema de infraestructura verde debido a compromisos internacionales como la adhesión a la OCDE y las metas de reducción de gases de efecto invernadero. En ese marco, en el 2013 se implementa la Agenda Ambiental Interministerial, con el propósito de buscar una adecuada articulación de los temas ambientales en la planeación del sector Transporte”.
Aclaró, asimismo, que si bien los lineamientos de infraestructura verde no son vinculantes, las instituciones en Colombia buscan que éstos sean incorporados en el diseño de proyectos de infraestructura.
A su turno, Mónica Núñez, miembro de la Clínica de Gestión Ambiental de la Universidad del Pacífico, consideró necesario aprender de la experiencia colombiana. “En el Perú se ha optado por un mecanismo de sistemas funcionales en el cual se debilita mucho la articulación que se hace entre los sectores. La manera en que hemos diseñado estas instituciones terminan por debilitar la institucionalidad”, precisó.