Escribe: José Vadillo Vila“Cada vez más, el Derecho se transforma: tiene más temas digitales porque no hay un solo tema en la vida que no pase por los temas digitales”, explicó el especialista en derecho digital, Erick Iriarte Ahon, quien anoche presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026) su libro “Compendio de legislación penal informática en el Perú”, editado por el Fondo Editorial de Editora Perú.
Diversidad normativa
El especialista recordó que, desde el año 1992 a la fecha, el Perú ha desarrollado una legislación en temas digitales con más de 5000 normas al respecto, entre leyes, decretos supremos, reglamentos, normativas, directivas y guías.
“La diversidad normativa está dispersa porque no se ha hecho en base a un norte claro”, opinó Iriarte, quien lamentó que el Perú no tenga “una agenda digital vigente”, tal como se intentó avanzar entre los años 2003 y 2011.
Acuerdo Nacional e instrumentos
Explicó que la política número 35 del Acuerdo Nacional, del año 2017, la cual que corresponde a la sociedad de la información y sociedad del conocimiento, “no se ve reflejada en esta dispersión normativa y en la creatividad parlamentaria que tenemos”. “Esto nos lleva a tener instrumentos sumamente dispersos que resuelven problemas puntuales y no ven el fenómeno completo en la tecnología”, acotó.
Lo ejemplificó con lo relacionado a la inteligencia artificial (IA). El especialista informó que se ha emitido un decreto legislativo para modificar algunos artículos en el Código Penal y la Ley de delitos informáticos. “Pero de la IA se viene hablando hace 60 años y la IA ya estaba en los textos de la política número 35 del Acuerdo Nacional. Es decir, hemos ido construyendo normativa sin necesidad de tener claro”, acotó.
Normativa faltante y sentencias por delitos digitales
Paradójicamente, frente a esta “abundancia normativa”, precisó que falta normativa en lo relacionado a la informática forense y la cooperación para la persecución del delito transfronterizo. Iriarte Ahon recordó que el Perú se demoró 18 años en adherirse al Convenio de Budapest o Convenio sobre la ciberdelincuencia, que se abrió en el año 2001.
Indicó que en el país hay pocas sentencias por delitos digitales, de manera específica en el tema cibercriminal, frente a realidades como Brasil, el cual tiene menor normativa como el Perú, pero, desde el año 2000, suma alrededor de 60 000 sentencias por estos casos.
Finalmente, sobre la creación de la Autoridad Nacional Digital que anunció en su discurso de asunción de mando la presidenta Keiko Fujimori, el especialista se pregunta, “¿cómo afectará a los temas de persecución de delitos en suplantación de identidad, que es uno de los elementos claves de una creación propia del Perú que no había en otras legislaciones?”.
Ratificación del convenio de Budapest
Por su parte, la coordinadora nacional de la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia, la doctora Aurora Castillo, explicó que el Perú ratificó en el año 2019 el convenio de Budapest, lo cual ha generado “interés legítimo del Ministerio Público como persecutor e investigador de los delitos como titular de la acción penal para efectos de abocarse a esta línea de investigación”.
En 2020 se creó una comisión del Ministerio Público la cual estudió cómo afrontar esta forma de criminalidad e inició sus funciones ese mismo año la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFEC). “Su función es de dar acompañamiento técnico a todos los fiscales a nivel nacional para que pueda hacer un abordaje sobre la evidencia digital”, indicó.
Pasantías exitosas
La doctora Castillo destacó como satisfactorias las pasantías que realizan los fiscales en la UFEC. “Muchos fiscales son expertos en investigar delitos con pruebas físicas, pero una investigación donde el abordaje es la evidencia digital es entrar al mundo del internet, de las comunicaciones, el mundo de lo no tangible; significa otras estrategias de investigación”.
También comentó que cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal en Lima Centro, el 15 de junio de 2021 se creó la Fiscalía Especializada en Lima Centro para atender solo a 16 distritos capitalinos. A la fecha se cuenta con fiscalías similares creadas en Arequipa, para la provincia de Arequipa, y en la ciudad de Trujillo. Ambas cuentan, cada una, con un único despacho.
Informó que, desde que han iniciado sus funciones, hasta el 31 de mayo de este año, estas fiscalías han logrado la sentencia de 785 personas por delitos informáticos.
“Tenemos muchas denuncias a nivel nacional, pero no tenemos fiscalías a nivel nacional”. La doctora Aurora Castillo explicó que tanto policías como fiscales, quienes trabajan juntos contra la ciberdelincuencia, necesitan tener normas procesales que ayuden a hacer investigaciones, que ya estén enmarcadas dentro del convenio de Budapest” y, por ello, felicitó la salida del libro “Compendio de legislación penal informática en el Perú”.
Recordó que “la ciberdelincuencia no es la de hace 5 o 2 años, estamos hablando de IA, de criptoactivos, de criminalidades”, frente a ello el Estado debe contar con las todas las herramientas para luchar contra estos nuevos tipos de ciberdelincuencia. Adelantó que el Ministerio de Justicia tiene un proyecto de ley con la participación del Ministerio Público que espera se cristalice.
Contexto más complejo
En la presentación también participó el exjefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros, Enrique Saldívar.
Sostuvo que el contexto pospandemia es de un acelerado proceso de transformación, con la presencia de la IA y las herramientas nuevas en lo corporativo y personal, el cual “nos ponen frente a un aumento exponencial del del ciberdelito”.
Saldívar destacó que el manual de Erick Iriarte “genera un puente importante entre la política digital y el derecho penal”. “Las políticas de seguridad digital del Estado previenen el delito, pero cuando estas fallan, se requiere del legal adecuado. Y este es el aporte central del doctor Iriarte pone a disposición a la comunidad”.
Acotó que el volumen “contribuye a la madurez del ecosistema digital”. “Y no hay transformación digital sostenible sin seguridad digital. Y no hay seguridad digital sin un marco legal que proteja al ciudadano”.
Labor cotidiana
Por su parte, el gerente de tecnologías de información en Editora Perú, el ingeniero de sistemas Marcos Milla Tranca, destacó la utilidad que tiene el compendio legal para el trabajo de los especialistas informáticos quienes laboran en el Estado y a diario trabajan en mitigar las acciones de quienes buscan cometer delitos informáticos.
Milla recordó que todos los usuarios, al usar los dispositivos electrónicos como los smartphones, estamos expuestos todo el día a caer en la “ingeniería social”, a ser víctimas de fraude de los ciberdelincuentes, quienes buscan robar o secuestrar nuestra información.
Sobre la transformación digital, el representante de Editora Perú opinó que debe cimentarse sobre la “confianza digital”, “que nos permita navegar en sobre sistemas informáticos seguros, con pilares como la privacidad de la información, donde la información que coloquen no se distorsione, y solo vaya del origen A hacia B”, finalizó.
(FIN) JVV/JVV
Publicado: 1/8/2026