El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un plazo adicional de 30 días calendario, medida que regirá a partir del 20 de enero de, 2026, según norma publicado hoy domingo en el diario oficial El Peruano.
De acuerdo con el
Decreto Supremo N.º 006-2026-PCM, la Policía Nacional del Perú
(PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales intervendrán conforme a los marcos legales vigentes y bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales. Las zonas de intervención serán determinadas en base a inteligencia policial, mapas del delito e indicadores estadísticos.
Derechos restringidos y actividades públicas
Durante la vigencia de la prórroga, se restringe o suspende el ejercicio de derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú.
El decreto precisa que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán contar con la autorización correspondiente de las autoridades competentes. En tanto, las actividades que no sean consideradas masivas podrán realizarse sin permiso previo, de acuerdo con la normativa vigente.
Uso de la fuerza y protección a poblaciones vulnerables
La norma establece que la actuación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se regirá por el Decreto Legislativo N.º 1186, que regula el uso de la fuerza policial, y el Decreto Legislativo N.º 1095, referido al empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, se deberá cumplir el Protocolo de actuación conjunta del Estado para garantizar la protección de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad durante intervenciones policiales.
Informe y financiamiento
Finalizado el periodo de prórroga, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) deberá presentar un informe detallado sobre los resultados obtenidos al Ministerio del Interior, el cual será elevado a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial.
La implementación de las acciones dispuestas se financiará con cargo al presupuesto institucional de los sectores involucrados y con recursos adicionales que autorice el Ministerio de Economía y Finanzas.
La decisión fue adoptada con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y responde al incremento sostenido de la criminalidad violenta, como homicidios, sicariato y extorsiones, que continúan afectando el orden interno y la seguridad ciudadana en ambas jurisdicciones.
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Publicado: 18/1/2026