La discriminación contra la población LGBTIQ+ en el Perú no solo deja secuelas emocionales y sociales. También tiene un costo económico que, en muchos casos, termina siendo asumido por las propias víctimas.
Un estudio, elaborado por Promsex, revela que el 49,9% de las personas LGBTIQ+ tuvo que gastar de su propio bolsillo en atención médica, terapia psicológica o tratamientos luego de experimentar situaciones de discriminación relacionadas con su orientación sexual o identidad de género. Además, el 62,2% reportó haber asumido algún tipo de gasto económico derivado de estas experiencias, que incluye mudanzas forzadas, transporte adicional o asesoría legal.
Detrás de esa cifra existen historias de gastos permanentes que el sistema público no cubre. Los testimonios recopilados en la investigación reportan desembolsos de entre S/ 2.000 y S/ 4.000 al año en terapias psicológicas y medicamentos como antidepresivos.
En el caso de las personas trans, la falta de cobertura estatal obliga además a costear tratamientos hormonales, con gastos anuales de entre S/ 3.000 y S/ 4.000, binders y packers de uso cotidiano, así como cirugías de afirmación de género, entre ellas mastectomías cuyo costo puede oscilar entre S/ 16.000 y S/ 25.000.
Según explicó Elisa Juárez, autora del estudio e investigadora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, gran parte de estos gastos están asociados al proceso de asumir públicamente la orientación sexual o la identidad de género y a las consecuencias psicológicas que ello genera en un contexto de discriminación.
"Muchos de los gastos que se relacionan específicamente al coming out o a la transición recaen sobre el cuidado y la conservación de la salud mental", sostiene la investigadora. Sin embargo, aclara que el objetivo muchas veces ni siquiera es alcanzar un estado óptimo de bienestar, sino simplemente "lograr la supervivencia" y alcanzar condiciones mínimas de estabilidad emocional.
El costo de evitar la violencia
La investigación demuestra que la discriminación genera una cadena de gastos que trasciende el ámbito de la salud.
Después de los gastos médicos y psicológicos, el 35,3% de las personas encuestadas reportó pagar transporte adicional para cambiar recorridos habituales y evitar agresiones físicas o exponerse a espacios considerados peligrosos.
Otro 22,1% tuvo que afrontar mudanzas forzadas para escapar del rechazo familiar o de entornos vecinales hostiles. Algunos testimonios incluidos en el estudio narran desembolsos de hasta S/ 10.000 al año en alquileres que nunca habían previsto, luego de ser expulsados de sus hogares por revelar su orientación sexual o identidad de género.
La discriminación también llega a los tribunales. El informe muestra que el 15,2% asumió gastos legales en asesorías jurídicas, denuncias o procesos de defensa frente a casos de abuso, violencia o discriminación laboral.
El estudio sostiene que el problema no radica únicamente en la falta de servicios especializados, sino en las barreras que las personas encuentran incluso para acceder a la atención médica general.
"No solamente hablamos de la ausencia de intervenciones específicas para la población LGBTI. También hablamos de dificultades para acceder a cualquier servicio de salud, porque existe una percepción permanente de discriminación y estigma dentro de los establecimientos", señala Juárez.
Esta situación obliga a muchas personas a recurrir a servicios privados, incrementando un gasto que termina afectando otros aspectos de sus proyectos de vida, como el ahorro, la educación o la posibilidad de emprender.
Las familias elegidas
Ante la imposibilidad de costear atención profesional, el principal soporte emocional proviene de las redes comunitarias.
El estudio encontró que las amistades cercanas funcionan como el principal amortiguador del estrés para el 68,6% de las personas consultadas, mientras que organizaciones LGBTIQ+ y casas de acogida cumplen un rol clave de contención.
Juárez explica que estos espacios ofrecen acompañamiento, información y protección, aunque funcionan únicamente gracias a la solidaridad de quienes comparten experiencias similares.
"No es que tengan un soporte estatal. Son personas con historias parecidas que buscan protegerse y ayudarse unas a otras porque no existe una política pública que fortalezca estos espacios", afirma.
Las medidas urgentes
Frente a estos hallazgos, el informe recomienda ampliar los servicios públicos de salud mental con enfoque afirmativo, descentralizar la atención especializada y garantizar que el Seguro Integral de Salud cubra terapias y tratamientos vinculados a las necesidades de la población LGBTIQ+.
También plantea una capacitación permanente para todo el personal de salud, desde quienes atienden en la recepción hasta los profesionales médicos, con el fin de eliminar prácticas discriminatorias.
“Mientras estos espacios sigan siendo poco amigables o empáticos con la población vamos a seguir teniendo una comunidad que vive al margen de los servicios básicos que puedan preservar su salud e integridad de forma justa”, advierte.
Más en Andina:
(FIN) NDP/KGR
Publicado: 27/6/2026