El Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, respondió a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional contra cuatro decretos Legislativos.
Se trata de la acción interpuesta el 17 de setiembre del 2024 contra los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611. Estos, de acuerdo a la fiscalía, vulneran su autonomía en la conducción de investigaciones criminales.
En su respuesta, el Ejecutivo defiende la constitucionalidad de las modificaciones contenidas en estos decretos. En tal sentido, subraya que estos no interfieren con el rol conductor del Ministerio Público en la investigación de delitos, sino que buscan fortalecer la coordinación y articulación entre esta institución y la Policía Nacional.
Según el documento presentado, la intención de los decretos es optimizar la colaboración entre ambas entidades para enfrentar con mayor eficacia la delincuencia común y el crimen organizado, garantizando el orden interno y la seguridad ciudadana.
En ese sentido, el Gobierno argumenta que estas reformas son necesarias para mejorar la respuesta del Estado ante el incremento de la criminalidad, y que las medidas implementadas refuerzan, en lugar de debilitar, el trabajo conjunto entre la PNP y el Ministerio Público. Asimismo, recalca que la normativa respetó los procesos legislativos y las competencias establecidas en la Constitución.
Del mismo modo, el Ejecutivo espera que el Tribunal Constitucional convoque a una audiencia pública para exponer sus argumentos y que así se permita esclarecer las competencias de ambas instituciones en beneficio de la seguridad y el Estado de derecho.
Demanda del Ministerio Público
El 17 de setiembre del 2024, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los referidos decretos legislativos.
Según Villena, estos decretos vulneran las competencias del Ministerio Público al alterar su rol como principal conductor en la investigación de delitos, otorgando facultades excesivas a la Policía.
Ello se expresa al permitirse que dicha institución asuma una mayor responsabilidad en las investigaciones, lo que –se señala en la demanda– representa un riesgo para la independencia y el adecuado cumplimiento de las funciones del Ministerio Público.
Además, se argumentó que estas normas proponen una reorganización forzada de la institución, afectando el estado de derecho y la institucionalidad democrática.
La demanda fue elaborada tras un análisis de los decretos realizado por una comisión de expertos coordinada por el fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo, que trabajó durante cuatro meses en ello.
Decretos legislativos cuestionados
El Decreto Legislativo 1592 amplía las funciones de la PNP en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, permitiéndole no solo prevenir y combatir este delito, sino también investigarlo en todas sus manifestaciones, incluso fuera de las zonas primarias como puertos y aeropuertos.
El Decreto Legislativo 1604 modifica las funciones de la PNP en relación con la investigación de delitos, permitiéndole asumir la investigación de un delito desde el momento en que toma conocimiento de la noticia criminal, comunicando al Ministerio Público en concordancia con el Código Procesal Penal.
El Decreto Legislativo 1605, además, modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, otorgando a la Policía la facultad de realizar diligencias preliminares sin la intervención directa del Ministerio Público.
Por último, el Decreto Legislativo 1611 se centra en la prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos. En él se establece que el Ministerio Público sigue siendo responsable de la conducción de la investigación y otorga a la Policía un rol más activo en la prevención e investigación de estos delitos.
(FIN) OPG/FGM
GRM
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Publicado: 4/10/2024