El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley a fin de prohibir que en los casos de violencia familiar y contra las mujeres el imputado pida que se aplique el principio de oportunidad y acuerdo reparatorio.
La iniciativa legislativa busca modificar los artículos 15-B, 16 y 18 de la Ley 30364, dada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
También, con el mismo fin, se plantea variar el contenido del artículo 2 del Nuevo Código Procesal Penal.
En el primer punto, se indica que la aplicación del principio de oportunidad no se puede dar en los casos mencionados
Otros exceptuados
A su vez, la modificación del Código Procesal Penal que se plantea, señala que la aplicación de este mecanismo tampoco se podrá concretar cuando el imputado es reincidente o ha recurrido a este en dos ocasiones anteriores, dentro de los últimos cinco años.
De igual manera, quedarán fuera de su aplicación aquellos imputados que, habiéndose anteriormente acogido al principio de oportunidad y acuerdo reparatorio, no hayan cumplido con la reparación que se les impuso. También se prohibe que se aplique a quienes han sido denunciados por delitos de violencia contra la mujer y miembros de su familia.
El principio de oportunidad permite que, previo acuerdo entre el imputado y la víctima planteado por el operador de justicia, el ejercicio de la acción penal derivado de un acto delictivo sea evitado.
Esto implica que el correspondiente proceso penal y la imposición de la pena no sean concretados.
En la sección argumentativa del proyecto de ley, el Poder Ejecutivo considera que en casos de violencia familiar, debe tenerse en cuenta la situación de desventaja en la que muchas veces se encuentran las víctimas de la violencia, sobre todo cuando estas son mujeres, menores de edad, personas de la tercera edad o que padecen alguna enfermedad.
Se indica que, además, los delitos contra las mujeres y miembros de una familia tienen una significancia especial, pues afectan gravemente al interés público.
El proyecto de ley lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
(FIN) FGM
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Publicado: 19/6/2022