El Ejecutivo acordó, en sesión del Consejo de Ministros, declarar el estado de emergencia en 63 distritos de las regiones de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Moquegua y Pasco, por el impacto de las intensas precipitaciones pluviales.
La medida, que tendrá una vigencia de 60 días calendario, fortalecerá la respuesta articulada del Estado en beneficio de la población. “La presidenta Dina Boluarte ha dispuesto el inmediato desplazamiento de los ministros coordinadores a las regiones afectadas por las lluvias”, informó el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, en conferencia de prensa realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
El jefe del Gabinete Ministerial reveló que en el consejo se dialogó con los gobernadores regionales de Apurímac, Percy Godoy; Arequipa, Rohel Sánchez; Ayacucho, Wilfredo Oscorima; Huancavelica, Leoncio Huayllani; Huánuco, Antonio Pulgar; Pasco, Juan Luis Chombo, y más de 12 alcaldes provinciales, a fin de coordinar acciones ante este fenómeno climático.
“Frente a las emergencias por lluvias, intervenimos de manera inmediata mediante los 3 niveles de Gobierno. Entregamos más de 75 toneladas de ayuda humanitaria, han llegado las unidades de maquinaria pesada y coordinamos con las autoridades”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda.
En esa línea, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, explicó que su sector trabaja con el Instituto Nacional de Defensa Civil y las Fuerzas Armadas para brindar el apoyo logístico a las localidades declaradas en emergencia.
El premier Alberto Otárola también anunció que el 15 y 16 de febrero las autoridades del Gobierno nacional sostendrán una reunión con los 195 alcaldes provinciales del país, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Será un consejo de estado municipal en donde la presidenta, los ministros y todo el equipo técnico del Gobierno haremos una agenda de desarrollo con las autoridades", dijo.
En otro momento, el titular de la PCM reafirmó la posición del Gobierno de promover la transparencia y la modernidad en la venta de entradas para ingresar a la llaqta de Machu Picchu.
Asimismo, recordó que la vigencia del decreto legislativo N.º 1589, publicado en diciembre último, que sanciona con pena privativa de la libertad, de 10 a 15 años, a quienes interrumpan las vías de acceso al patrimonio a la nación y los activos críticos nacionales.