El Poder Ejecutivo aprobó hoy, mediante decreto supremo, la Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030, cuya conducción está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el cual busca que los adolescentes no ingresen o continúen una trayectoria criminal.
Se trata de una política nacional que buscará resolver el problema público de la persistencia del contexto criminógeno en las y los adolescentes en riesgo delictivo y en conflicto con la ley.
Por un lado, reduciendo la exposición continua que esta población tiene a factores asociados a la violencia y el delito evitando la probabilidad de su involucramiento en infracciones a la ley penal; y, por otro, fortaleciendo el sistema de justicia penal juvenil para favorecer una adecuada y efectiva resocialización e integración a la vida familiar, educativa y social.
Esta política nacional considera tres objetivos prioritarios. El primero de ello es reducir la concentración de condiciones de riesgo infractor, a fin de que los adolescentes se desarrollen de forma integral para evitar entornos criminales. Esto implica fortalecer a la familia, la comunidad y las instituciones educativas, de modo que sean espacios de promoción de los factores protectores.
El segundo objetivo es fortalecer el sistema de justicia penal juvenil, para asegurar el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal alineados al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento. Asimismo, el fortalecimiento de las estrategias y programas vinculados a las salidas alternativas al proceso judicial, y los enfoques como la justicia juvenil restaurativa y la justicia terapéutica.
El último objetivo consiste en
fortalecer la reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal. Dispone alcanzar los niveles más altos de reinserción social con la aplicación de medidas socioeducativas en los centros juveniles, así como durante la intervención de la Línea de Acción Justicia Juvenil Restaurativa y su programa de orientación en el marco de la implementación del
Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Para lograr dichos objetivos se han determinado 15 servicios a cargo de los sectores del Poder Ejecutivo, Ministerio Público y el Poder Judicial, los cuales están vinculados directa e indirectamente con la población de adolescentes que presentan factores de riesgo delictivos a nivel educativo, familiar o comunitario.
Asimismo, incluye todos los servicios dirigidos a los adolescentes en conflicto con la ley penal en el sistema de justicia penal juvenil y su correspondiente atención en una medida socioeducativa o programa de orientación.
Estos son el servicio de orientación, consejería e intervención breve con carácter integral en el tema de drogas; servicio de fortalecimiento de capacidades parentales con carácter integral, dirigido a padres de familia e hijos adolescentes; servicio de atención preventivo-promocional en salud integral para adolescentes para la identificación y atención de riesgo; entre otros.
El decreto supremo lleva las firmas de la presidenta de la República,
Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros,
Alberto Otárola; la ministra de Educación,
Miriam Ponce; el ministro del Interior,
Vicente Romero; el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Eduardo Arana; la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Nancy Tolentino; el ministro de Salud,
César Vásquez; y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo,
Daniel Maurate.
Con el desarrollo de esta política nacional se contribuirá con la disminución de los niveles de violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana del país en el mediano y largo plazo, toda vez que evitará que adolescentes y jóvenes se involucren en comportamientos reprochables por la sociedad y penalizados por el Estado peruano, informó el Minjusdh.
(FIN) NDP/MRCA
JRA
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Publicado: 27/9/2023