El gobierno de Estados Unidos pretende deportar la próxima semana a Uganda a un ciudadano salvadoreño, en un caso que sus abogados consideran un intento punitivo vinculado a la política migratoria del presidente Donald Trump.
Los representantes legales de Kilmar Ábrego García presentaron una moción para desestimar el proceso en su contra, argumentando que se trata de una represalia por haber impugnado su deportación inicial a El Salvador.
Un giro inesperado
La posibilidad de enviar a Ábrego García a un país tan distante como Uganda, en África Oriental, añade un giro dramático a este caso, que se ha convertido en emblemático de la lucha de Trump contra la inmigración irregular y, según críticos, de posibles abusos a la legislación estadounidense.
El viernes, Ábrego fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland, mientras espera juicio por cargos de tráfico de personas.
Anteriormente había sido deportado por error a una prisión de alta seguridad en El Salvador, desde donde logró regresar a Estados Unidos, para luego ser detenido nuevamente.
Un acuerdo con Uganda
De acuerdo con sus abogados, tras su liberación un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que el gobierno pretendía deportarlo a Uganda, país que firmó un convenio con Washington para recibir migrantes indocumentados considerados “indeseables”.
El jueves, cuando se perfilaba su excarcelación, funcionarios habrían ofrecido a Ábrego declararse culpable de tráfico de personas a cambio de ser enviado a Costa Rica, opción que rechazó.
“El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego”, señaló la defensa en el documento judicial.
Acusaciones y críticas
El gobierno de Trump sostiene que Ábrego García es un miembro violento de la pandilla MS-13 y que estuvo involucrado en el tráfico de migrantes. El acusado, por su parte, niega cualquier irregularidad.
Mientras los partidarios de Trump elogian la dureza de su política migratoria, juristas y defensores de los derechos humanos cuestionan lo que califican de deportación apresurada, sin audiencia judicial, en violación de las leyes estadounidenses.