La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados aprobó con el voto dirimente del presidente de este grupo de trabajo, Arturo Alegría García (FP), el informe de opinión que respalda el pedido de facultades legislativas formulada por el Poder Ejecutivo en temas ambientales.
El informe comprende temas el fortalecimiento de la gestión ambiental, la simplificación administrativa, la certificación ambiental global, la remediación de pasivos ambientales, la transición energética, la diversificación de la matriz y la promoción de energías renovables y del hidrógeno verde.
Durante la sustentación, Alegría García sostuvo que el país necesita procedimientos más eficientes y previsibles, sin que ello signifique reducir la protección de los ecosistemas o los derechos de las comunidades.
“Conservar cuesta; no es gratis”, afirmó al destacar la labor de las familias y organizaciones que protegen áreas naturales como Tingana y Santa Elena, en la región San Martín, pero que enfrentan numerosas dificultades para obtener autorizaciones que les permitan desarrollar actividades sostenibles y generar recursos.
Temas ambientales
El informe precisa que la simplificación administrativa y la aplicación del enfoque de riesgo no deberán implicar el debilitamiento de los estándares ambientales. También plantea que el Ejecutivo realice un análisis exhaustivo del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y establezca mecanismos financieros e institucionales que garanticen la remediación suficiente y oportuna de los pasivos ambientales.
Durante el debate, el diputado Harvey Colchado (AN) advirtió sobre los riesgos de aplicar la aprobación automática y el silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales.
“La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable; debemos certificarlo”, manifestó.
Colchado propuso una opinión favorable parcial que excluya expresamente dichos mecanismos y planteó fortalecer la capacidad de evaluación de las instituciones, además de sancionar el incumplimiento de los plazos administrativos.
Por su parte, la diputada Giannina Avendaño Vilca (JP) sostuvo que cualquier modificación del SEIA requiere un análisis más profundo, debido a que este sistema no solo facilita inversiones, sino que protege derechos relacionados con la vida, el ambiente y las áreas naturales protegidas.
También solicitó recoger las opiniones técnicas del Indecopi, del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y del Ministerio de Energía y Minas ante posibles modificaciones en el sector eléctrico. Asimismo, advirtió que cualquier cambio en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre debe considerar los derechos de los pueblos indígenas y el proceso de consulta previa que dio origen a esa norma.
La comisión también respaldó la actualización de la Ley de Concesiones Eléctricas y de la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. El propósito es brindar seguridad jurídica, reducir la dependencia de los combustibles fósiles e impulsar una matriz energética limpia, diversificada y descarbonizada, con tarifas competitivas.
No obstante, el informe establece que el Ejecutivo deberá definir previamente la capacidad de transmisión y absorción del sistema eléctrico nacional, cuantificar la inversión requerida en redes, sustentar los esquemas de generación distribuida y determinar su posible impacto en las tarifas de los usuarios, garantizando la continuidad y seguridad del suministro.
La diputada Jessica Guevara Ramírez (JP) remarcó que la delegación de facultades no constituye un “cheque en blanco” y que las medidas deberán estar acompañadas de fiscalización, supervisión y monitoreo.
(FIN) NDP/FHG/JCR
CVR
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Publicado: 7/9/2026