La extinción de dominio como herramienta de política criminal independiente y autónoma del proceso penal, contra bienes y fortunas adquiridas en actividades ilícitas, fue analizada en una mesa de trabajo que presidió el ministro del Interior, Mauro Medina.
El evento contó con la presencia de altos mandos policiales y representantes de la Embajada de
Estados Unidos de América.
Como parte de la delegación de facultades legislativas al Gobierno, el 4 de agosto se publicó el Decreto Legislativo N° 1373 sobre Extinción de Dominio, a fin de establecer un ordenamiento eficaz de este procedimiento en objetos, instrumentos, efectos y ganancias ilícitas.
Al respecto, Mauro Medina opinó que este nuevo marco legal golpeará en lo que más le duele al criminal: en sus bienes adquiridos de manera ilícita, pues ahora basta con la existencia de indicios para que la justicia ordene que el Estado se haga de estas propiedades.
“Es fundamental (esta normativa) porque va a reforzar la ética y la moral de las personas de bien, que es lo que queremos”, refirió el funcionario.
El titular del Interior consideró importante que la nueva normativa y sus lineamientos sean también expuestos ante jueces y fiscales, así como a los demás operadores de justicia, para de una vez caminar todos juntos frente al delito.
Cabe recordar que el proceso de extinción de dominio es independiente y autónomo del proceso penal, civil u otro de naturaleza jurisdiccional o arbitral.
Además, es de carácter real y de contenido patrimonial, por lo que no requiere de la previa emisión de sentencia condenatoria, ya que busca transparentar la adquisición de los bienes.
La norma establece que la carga de la prueba recae en el requerido que es el llamado a demostrar el origen o destino lícito de los bienes.
Corresponde al fiscal, con el apoyo de la
Policía Nacional, ofrecer las pruebas o indicios concurrentes y razonables del origen o destino ilícito del bien.
La exposición sobre la extinción de dominio estuvo a cargo de la abogada y conferencista internacional Sara Salazar Landínez.
Participaron el director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos de América, Alberto Rodríguez; el viceministro de Orden Interno, Carlos León Romero; la viceministra de Seguridad Pública, Nataly Ponce; y el subdirector general de la PNP, José Luis Lavalle.
(FIN) NDP/MVF
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Publicado: 15/8/2018