El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, aseguró hoy que desde el Ejecutivo se brindará todas las herramientas y facilidades a la Procuraduría General del Estado para tener la mejor defensa en caso la demanda interpuesta por el terrorista Víctor Polay contra el Estado peruano llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo informó durante conferencia de prensa, donde también afirmó que desde el Ejecutivo se tiene una
postura clara de defensa del Estado en contra de cualquier acto de terrorismo que haya afectado a la población.
"La postura clara (del Ejecutivo) es de defensa del Estado, nosotros estamos en contra de toda clase de terrorismo. De hecho que vamos a brindar todas las facilidades a la Procuraduría para que, en caso de que este tema llegue a la Corte, tengamos la mejor defensa, de eso no tengamos ninguna duda", aseveró el ministro Maurate.
Informó también que, debido a la autonomía con la que cuenta la Procuraduría, es esta entidad la encargada de hacerle seguimiento al tema y realizar las acciones necesarias. "Este es un tema que está a cargo de la Procuraduría, la Procuraduría es autónoma ahora, el mismo Congreso ha dado una norma", precisó.
En ese sentido recalcó que, si bien el Ejecutivo no puede intervenir de manera directa, se brindará el apoyo necesario una vez se haya recibido el informe de esta entidad con respecto al estado actual de la demanda y las acciones que se han tomado en relación a ello.
"Ya hemos pedido un informe a la Procuraduría para que nos pueda informar cuál es el estado (de la demanda) y qué están haciendo. Seguramente en las próximas horas recibiremos el informe y en función de eso veremos si hacemos alguna invocación o medida adicional porque no es un tema donde el Ejecutivo intervenga, es básicamente un espacio donde la Procuraduría interviene", anotó.
Admisión de demanda
La admisión del recurso se dio en marzo del año pasado.
Como se recuerda, Víctor Polay Campos fue declarado culpable el 22 de marzo de 2006 por diversos delitos cometidos entre 1980 y 1990 y sentenciado con 35 años de prisión.
Proceso a seguir
La admisión de la demanda implica el desarrollo de un proceso sobre el tema que podrá ser materia de una audiencia entre los demandantes y el Estado peruano. La parte culminante del mismo derivará en la emisión de un pronunciamiento de índole no vinculante por parte de la CIDH.
De no acatarse las recomendaciones incluidas en este, la mencionada instancia podrá llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(FIN) NGB/CVC
JRA
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