La Defensoría del Pueblo presentó al Congreso una propuesta normativa para reconocer y regular a los Comités de Autodefensa (CAD) como organizaciones libres de desarrollar actividades de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y otros ilícitos, así como emprender tareas de pacificación en las comunidades amazónicas del Vraem.
La defensoría busca que la propuesta presentada sea incorporada a los dictámenes trabajados desde el Poder Legislativo para lograr un reconocimiento de los comités de autodefensa en aspectos concernientes al mantenimiento del orden interno.
La entrega del documento se hizo ante el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, y forma parte de los acuerdos asumidos con más de 200 representantes de dichas organizaciones, durante una reunión de trabajo desarrollada en la sede de la Defensoría del Pueblo, el último lunes 5 de mayo.
El encuentro tuvo como objetivo abordar la problemática que afecta actualmente a los CAD, luego que, en diciembre pasado, el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la Ley 31494, mediante la cual se asignó a dichas organizaciones funciones en aspectos como el mantenimiento del orden interno y la seguridad nacional.
Los representantes de los CAD del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) manifestaron la difícil situación por la que atraviesan porque se quedaron sin marco normativo para luchar contra graves acciones delictivas que actualmente azotan a las comunidades amazónicas, principalmente el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, opiniones respaldadas por alcaldes de la zona.
En ese sentido, la propuesta enviada al Legislativo reconoce a los CAD como organizaciones surgidas espontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa, para prevenir la infiltración terrorista y el tráfico ilícito de drogas, defenderse de los ataques de estas amenazas y apoyar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú en las tareas de pacificación.
La Defensoría del Pueblo sostuvo que debe ser compromiso del Estado velar por nuestros conciudadanos, quienes arriesgando su integridad y exponiendo su propia vida, apoyan día a día en la lucha contra las amenazas del narcotráfico y terrorismo.
Por tanto, subrayó, es ineludible la obligación del Estado de dotar un marco normativo adecuado para el desempeño de su labor.
En la mesa de trabajo desarrollada en la Defensoría del Pueblo también participaron congresistas de distintas bancadas, representantes del Ministerio de Defensa y alcaldes.
(FIN) NDP/RMCH/CVC
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Publicado: 7/5/2025