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Defensoría plantea fortalecer proceso de formalización de la minería ilegal

Ante debilidades identificadas

ANDINA/archivo

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15:23 | Lima, dic. 19.

La Defensoría del Pueblo recomendó fortalecer con urgencia el proceso de formalización de la minería ilegal, mejorando las capacidades de las entidades a cargo de esta tarea, en particular de los gobiernos regionales.

Durante la presentación del informe defensorial sobre el balance de la gestión estatal frente a la minería ilegal 2012-2014, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, planteó dar solución a los problemas de superposición de derechos y saneamiento físico legal, además de dar prioridad a las acciones de remediación y protección ambiental frente a la minería ilegal.

Dij,o además, que los gobiernos regionales presentan carencias en materia de personal especializado, logística y presupuesto en las instancias encargadas de la formalización minera.

Estas son las responsables de conducir los procedimientos de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, así como su supervisión y fiscalización.
 
Por su parte, el adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, dijo que se ha identificado que la administrativa de la pequeña minería y minería artesanal a cargo del nivel regional es insuficiente

El Informe N°167 señala que, el Estado ha otorgado otros derechos, incluso superpuestos, en las áreas en las cuales quienes están en el proceso de formalización pretenderían desarrollar actividades mineras.

Según la Defensoría, al vencimiento del plazo del proceso de formalización, el 19 de abril de 2014, de acuerdo a lo reportado por los gobiernos regionales, 7 de las 58,835 declaraciones de compromisos que se encontraban vigentes se formalizaron.

A la fecha, este número se ha elevado a 16 (todos cooperativas que comprende a 631 trabajadores mineros). Pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignar mayores recursos a los gobiernos regionales para la ejecución de este proceso.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dictar las normas que faciliten la resolución de controversias o conflictos surgidos por dicha situación, salvaguardando los derechos adquiridos, en particular los de los pueblos indígenas.

Para esto es necesario determinar los criterios legales y técnicos, de acuerdo a la legislación vigente, atendiendo a la realidad de cada región y coordinando con los distintos sectores involucrados.
 
Cabe señalar que también se ha advertido dificultades en otras áreas, como por ejemplo la remediación ambiental, a cargo del gobierno nacional y del nivel regional.

El Plan de Recuperación de Impactos Ambientales, instrumento a cargo del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente, que debió aprobarse hace más de dos años, sigue pendiente.

(FIN) NDP/LIT/MAO

Publicado: 19/12/2014
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