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Defensoría pide garantizar derechos laborales en la azucarera Tumán

Envía oficio a Séptimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo

ANDINA/Difusión

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09:00 | Chiclayo, may. 30.

Tras constatar la vulneración de derechos laborales en la Empresa Agroindustrial Tumán S.A. en la región Lambayeque, la Defensoría del Pueblo solicitó mediante oficio al Séptimo Juzgado Especializado Civil de ChiclayO, la evaluación del desempeño de la actual administración judicial.

En el documento, la Defensoría le invoca al Juzgado garantizar el bienestar de los trabajadores activos y jubilados.

Refiere que en los últimos días, se han registrado protestas de los trabajadores activos, jubilados, viudas y herederos con el lamentable saldo de una persona fallecida. Ellos cuestionan la labor de la actual administración judicial, pues, afirman, no ha cumplido con diversas obligaciones laborales y ha generado inestabilidad en la marcha de la empresa, según un memorial presentado a esta institución pública el 25 de mayo.

Según la Defensoría, en efecto, se conoció que la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque –en el periodo del 2006 al 2014– multó con más de 184,318.00 nuevos soles a la empresa, por contravenir las normas laborales de sus trabajadores.

Asimismo, ante dicha instancia, la Defensoría del Pueblo presentó un oficio en abril del presente año, en el que recomendaba verificar un nuevo incumplimiento de obligaciones.

En ese sentido, se concluye que la administración judicial no está realizando las gestiones necesarias para garantizar lo que, por derecho, les corresponde a sus empleados.

Además, la Defensoría afirma que se verificó que la administración judicial de la empresa no ha cumplido con cancelar sus acreencias laborales, tributarias y comerciales; por el contrario, han solicitado un nuevo cronograma ante el Indecopi –amparados en la Ley N º30232– que les permitiría cumplir con el pago hasta el año 2030 sin tener en cuenta la situación de los trabajadores jubilados, quienes, al ser mayores de 60 años, no podrán hacer realidad el cobro de sus acreencias.

“Ante este conflicto social activo, se requiere una diligente atención por parte del despacho judicial señalado, de tal forma que se tomen decisiones orientadas a conducir todo por la vía de la ley y evitar más desenlaces violentos”, afirmó Julio Hidalgo, jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque.

(FIN) SDC/MAO

Publicado: 30/5/2015
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