La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio Público y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a encontrar una solución en base al diálogo en torno al impasse sobre el funcionamiento del nuevo Establecimiento Transitorio de Procesados de Lima, conocido también como la carceleta judicial.
Precisó que convocaron a las dos instituciones a una reunión de trabajo para abordar este tema, pero que los representantes del Ministerio Público se excusaron de participar.
El llamado al diálogo se hizo luego de las medidas restrictivas adoptadas por parte de la Fiscalía el pasado 22 de noviembre.
“Tales medidas han generado dificultades serias en el traslado y reclusión de los detenidos, además de afectar la relación de colaboración mutua que debe primar entre entidades afines”, indica el pronunciamiento de la Defensoría.
Asegura que el cierre del Establecimiento Transitorio de Procesados es un asunto de interés público por las consecuencias que puede tener en la integridad de las personas privadas de libertad y en el cumplimiento de los mandatos judiciales de detención, especialmente por la repercusión que puede tener en la seguridad ciudadana.
“En mérito a lo señalado y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la Defensoría del Pueblo reitera su llamado a encontrar una solución a este problema”, afirma.
Para tal efecto, expresa su plena disposición a seguir colaborando con las instituciones involucradas, siempre en salvaguarda de los derechos de los ciudadanos.
La Fiscalía dice que la medida pone en riesgo el libre tránsito, a los niños de la Cuna Jardín del Ministerio Público y la vida de las personas que visitan el Centro Histórico, al provocar aglomeraciones de buses del INPE y el constante traslado de detenidos.
El INPE, en tanto, sostiene que la nueva carceleta cumple con las medidas de seguridad, impide la exhibición de detenidos y que pronto contará con un tópico para diagnosticar diabetes, TBC y VIH.
(FIN) FHG
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Publicado: 28/11/2018