16:18 | Huánuco, abr. 19.
La Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado la clausura definitiva del denominado botadero “La Muyuna”, ubicado en el distrito de RupaRupa en la ciudad de Tingo María, capital de la citada provincia.
Según la Defensoría, el botadero “ocasiona una grave afectación al ambiente y representa un potencial riesgo para la salud de las personas”.
Tras la denuncia de una ciudadana, los comisionados del Módulo de Atención Defensorial de Tingo María advirtieron que en el referido botadero, un grupo de personas se encontraba desarrollando labores de segregación sobre enormes montículos de residuos sólidos, y como producto de dicha acción, los residuos que no les servían eran arrojados al río Huallaga, generando así una evidente contaminación al ambiente.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo recomendó a la autoridad municipal de la provincia de Leoncio Prado, realizar acciones de supervisión, fiscalización y sanción a los recicladores y/o asociaciones de recicladores que realizan labores de segregación en “La Muyuna”, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
La Defensoría recordó que en el 2012, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ya había recomendado a las autoridades municipales de Leoncio Prado clausurar dicho botadero, priorizar la ejecución del proyecto de implementación de un relleno sanitario, llevar a cabo un plan de cierre en el menor plazo posible y ejecutar un programa de formalización de recicladores.
Por este motivo, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al OEFA información sobre el estado de la implementación de dichas recomendaciones, así como respecto de las medidas que adoptará con relación a la inadecuada disposición final de residuos sólidos en el mencionado botadero.
Además, se ha recomendado a la Autoridad Local del Agua Tingo María, ejercer su potestad sancionadora frente al arrojo de residuos sólidos del botadero “La Muyuna” al río Huallaga, así como disponer las medidas complementarias que el caso amerite, dentro del marco de sus competencias.
Por último, la Defensoría del Pueblo afirma que es materia de la institución, supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades del Estado, frente a la vulneración del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida de las personas.
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(FIN) NDP/MAO
Publicado: 19/4/2018